nicaragua
Parlamento nombra comisión para estudiar desafuero de Bolaños
  


30 de junio de 2005

Managua - El Parlamento nicaragüense conformó hoy una comisión para analizar la posibilidad de desaforar al presidente Enrique Bolaños por presuntos delitos electorales, en coincidencia con el inicio de la misión del enviado de la OEA, Dante Caputo.


Enrique Bolaños, presidente de Nicaragua.

El legislativo, dominado por los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC derecha) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN izquierda), también decidió formar una comisión de para estudiar el posible desafuero de siete ministros por el mismo motivo que en el caso de Bolaños.

Nicaragua vive una profunda crisis derivada de reformas constitucionales aprobadas por opositores liberales y sandinistas hace ocho meses para restarle poderes al presidente.

Esas reformas pretenden quitar al gobernante el control de las entidades de servicios públicos de agua, energía y telecomunicaciones, con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).

El presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, explicó que las dos comisiones tienen un plazo máximo de 20 días para elaborar sus dictámenes y presentarlos a la Primera Secretaria del Parlamento.

"Este mecanismo de presión contra el presidente Bolaños para que acepte las reformas, le echa más gasolina al fuego que sabemos cómo se encendió, pero no cómo se va a apagar", dijo el diputado Orlando Tardencilla, de la bancada oficialista Azul y Blanco, miembro de una de las comisiones.

"Estas solicitudes de destitución contra el presidente Bolaños, están pendientes una desde 2003 y otra acaba de llegar recientemente; y entonces hay que evacuarlas" dijo, por su lado, la diputada sandinista Mirna Rosales.

La Fiscalía de Nicaragua acusó en octubre de 2002 a Bolaños y a más de 30 miembros del PLC, entre ellos los siete ministros cuyo desafuero se va a estudiar, de delitos electorales por presuntas irregularidades en la campaña electoral de 2001.

El desafuero de Bolaños por este motivo fue pedido al Parlamento en enero de 2003.

Contra Bolaños existen pendientes otras dos solicitudes de desafuero de parte de la Contraloría (Fiscalía de Cuentas), por negarse a colaborar con una auditoría sobre el patrocinio de su campaña electoral en 2001 y por impedir un análisis en las cuentas de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

Para que el Parlamento suspenda la inmunidad a un presidente se requieren los votos de 61 de los 91 diputados.

Liberales y sandinistas unidos suman 81 votos, con los cuales se podría destituir con facilidad a Bolaños, quien se encuentra en Honduras participando en la XXVI Cumbre Centroamericana.

El portavoz de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez, quien acompaña a Bolaños en Tegucigalpa, dijo vía telefónica a un canal nicaragüense de televisión que el "pacto" entre liberales y sandinistas pretende cometer más ilegalidades para crear más inestabilidad.

"El presidente no ha cometido ningún delito y no tiene nada que ocultar, ni tiene temor de enfrentar una verdadera justicia, esto es una persecución de parte del pacto en contra del presidente y sus funcionarios", dijo Monjarrez.

Mientras tanto el ex canciller argentino Dante Caputo, enviado por la Organización de Estados Americanos (OEA), inició en privado su gestión para facilitar que liberales, sandinistas y el Ejecutivo se sienten a dialogar.

La crisis ha subido de tono en los últimos días luego de que Bolaños emitieran dos decretos en los que ordena a la policía cumplir y hacer cumplir una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del pasado 29 de marzo que declaró las reformas "jurídicamente inaplicables".

El máximo líder sandinista, Daniel Ortega, pidió a Bolaños que retire los decretos porque son "inconstitucionales" y crean más tensión en el país.

Los presidentes de los otros países centroamericanos reiteraron hoy en Tegucigalpa su pleno respaldo a su colega de Nicaragua, Enrique Bolaños, ante la crisis política y advirtieron que no reconocerán a ningún gobierno que pudiese surgir de un rompimiento del orden constitucional. EFE

 
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