El
legislativo, dominado por los opositores Partido Liberal Constitucionalista
(PLC derecha) y Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN izquierda), también decidió formar una comisión
de para estudiar el posible desafuero de siete ministros por el
mismo motivo que en el caso de Bolaños.
Nicaragua
vive una profunda crisis derivada de reformas constitucionales aprobadas
por opositores liberales y sandinistas hace ocho meses para restarle
poderes al presidente.
Esas
reformas pretenden quitar al gobernante el control de las entidades
de servicios públicos de agua, energía y telecomunicaciones,
con la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos
(Sisep).
El
presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez,
explicó que las dos comisiones tienen un plazo máximo
de 20 días para elaborar sus dictámenes y presentarlos
a la Primera Secretaria del Parlamento.
"Este
mecanismo de presión contra el presidente Bolaños
para que acepte las reformas, le echa más gasolina al fuego
que sabemos cómo se encendió, pero no cómo
se va a apagar", dijo el diputado Orlando Tardencilla, de la
bancada oficialista Azul y Blanco, miembro de una de las comisiones.
"Estas
solicitudes de destitución contra el presidente Bolaños,
están pendientes una desde 2003 y otra acaba de llegar recientemente;
y entonces hay que evacuarlas" dijo, por su lado, la diputada
sandinista Mirna Rosales.
La
Fiscalía de Nicaragua acusó en octubre de 2002 a Bolaños
y a más de 30 miembros del PLC, entre ellos los siete ministros
cuyo desafuero se va a estudiar, de delitos electorales por presuntas
irregularidades en la campaña electoral de 2001.
El
desafuero de Bolaños por este motivo fue pedido al Parlamento
en enero de 2003.
Contra
Bolaños existen pendientes otras dos solicitudes de desafuero
de parte de la Contraloría (Fiscalía de Cuentas),
por negarse a colaborar con una auditoría sobre el patrocinio
de su campaña electoral en 2001 y por impedir un análisis
en las cuentas de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Para
que el Parlamento suspenda la inmunidad a un presidente se requieren
los votos de 61 de los 91 diputados.
Liberales
y sandinistas unidos suman 81 votos, con los cuales se podría
destituir con facilidad a Bolaños, quien se encuentra en
Honduras participando en la XXVI Cumbre Centroamericana.
El
portavoz de la Presidencia, Lindolfo Monjarrez, quien acompaña
a Bolaños en Tegucigalpa, dijo vía telefónica
a un canal nicaragüense de televisión que el "pacto"
entre liberales y sandinistas pretende cometer más ilegalidades
para crear más inestabilidad.
"El
presidente no ha cometido ningún delito y no tiene nada que
ocultar, ni tiene temor de enfrentar una verdadera justicia, esto
es una persecución de parte del pacto en contra del presidente
y sus funcionarios", dijo Monjarrez.
Mientras
tanto el ex canciller argentino Dante Caputo, enviado por la Organización
de Estados Americanos (OEA), inició en privado su gestión
para facilitar que liberales, sandinistas y el Ejecutivo se sienten
a dialogar.
La
crisis ha subido de tono en los últimos días luego
de que Bolaños emitieran dos decretos en los que ordena a
la policía cumplir y hacer cumplir una sentencia de la Corte
Centroamericana de Justicia (CCJ) del pasado 29 de marzo que declaró
las reformas "jurídicamente inaplicables".
El
máximo líder sandinista, Daniel Ortega, pidió
a Bolaños que retire los decretos porque son "inconstitucionales"
y crean más tensión en el país.
Los
presidentes de los otros países centroamericanos reiteraron
hoy en Tegucigalpa su pleno respaldo a su colega de Nicaragua, Enrique
Bolaños, ante la crisis política y advirtieron que
no reconocerán a ningún gobierno que pudiese surgir
de un rompimiento del orden constitucional. EFE
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