Frente a esa situación, representantes de la jerarquía
católica presentaron el miércoles de esta semana una
denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) con sede en Washington, para deducir responsabilidades
al Estado por la muerte de esos 107 privados de libertad.
Ese
hecho, que se inició a eso de la 1:30 de la madrugada del
17 de mayo de 2004, por un supuesto cortocircuito en los cables
de electricidad de la celda, es considerada la peor tragedia en
un penal hondureño, después del motín en la
Granja Penal de El Porvenir de la Ceiba, Atlántida, en el
que fueron ejecutados medio centenar de mareros.
Los
107 muertos y los 30 heridos resultantes del incendio
pertenecían a la “Mara Salvatrucha” (MS),
la cual, junto con la “Mara 18”, es una de las más
violentas de este país centroamerican0.
Monseñor
Ángel Garachana Pérez, obispo de la Diócesis
de San Pedro Sula, la segunda en importancia del país, leyó
un comunicado en el que la iglesia considera que el hecho en mención
es “una negligencia grave y permanente” del estado de
Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones con los privados
de libertad.
Garachana
dijo que la iglesia agotó todos lo recursos legales de la
legislación interna, pero ante los pocos resultados se vieron
en la obligación de acudir a las instancias jurídicas
internacionales para determinar la responsabilidad del estado hondureño
en la muerte de todos esos internos bajo su custodia.
“Tres instituciones de la iglesia católica con mi apoyo
y aprobación ya presentaron el día de ayer (miércoles)
una denuncia ante la CIDH para que ella determine si el estado de
Honduras es responsable de violentar las obligaciones contraídas
en el marco de la Convención de Derechos Humanos y otros
instrumentos jurídicos internacionales de los que Honduras
forma parte”, dijo.
Apuntó
que la Diócesis a su cargo ha venido trabajando con la Pastoral
Penitenciaria en acompañar legal, humanitaria y religiosamente
a los privados de libertad, así como apoyándolos en
su rehabilitación, colaborando con las autoridades públicas
y denunciando las graves deficiencias del sistema penitenciario.
“Quiero dejar claro que esta denuncia no va contra nadie ni
contra ninguna persona ni menos contra el estado de Honduras ni
contra el país, lo que pretendemos en ultima instancia es
contribuir con acciones legales y, no solo con palabras, a la transformación
del sistema penitenciario hondureño y lo hacemos porque nos
duelen tantas muertes”, agregó.
El
prelado católico cuestionó el hecho que pese a las
investigaciones y acusaciones efectuadas por la Fiscalía,
hasta ahora no hay ninguna persona en prisión. “Los
procesos legales del país se han agotado y no hay ningún
responsable”.
Garachana
dijo que espera que la denuncia no tenga un efecto negativo en la
imagen del país por provenir de la misma Iglesia, sino más
bien contribuya a mejorarla.
“Es
más bien una forma de ayudar al Estado
a que una institución superior como es la CIDH valore la
realidad y anime y le diga al gobierno si es que ha habido negligencia
o dictamine que no la habido. Por tanto dentro de los cauces legales
creo que más que estropear la imagen de Honduras podemos
contribuir a mejorarla”, anotó.
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