INCENDIO EN PENAL SAMPEDRANO
Iglesia denuncia a estado hondureño ante la CIDH
   
  • Cuestiona la negligencia del Estado en sancionar a los responsables
14 de julio de 2005

San Pedro Sula. La Iglesia Católica acusó hoy al estado y gobierno hondureño de “negligencia grave y permanente” por los escasos avances en las acciones legales para sancionar a los responsables del incendio, registrado en mayo de 2004, en el centro penal de San Pedro Sula, en el que murieron calcinados y asfixiados unos 107 pandilleros.


Frente a esa situación, representantes de la jerarquía católica presentaron el miércoles de esta semana una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, para deducir responsabilidades al Estado por la muerte de esos 107 privados de libertad.

Ese hecho, que se inició a eso de la 1:30 de la madrugada del 17 de mayo de 2004, por un supuesto cortocircuito en los cables de electricidad de la celda, es considerada la peor tragedia en un penal hondureño, después del motín en la Granja Penal de El Porvenir de la Ceiba, Atlántida, en el que fueron ejecutados medio centenar de mareros.

Los 107 muertos y los 30 heridos resultantes del incendio pertenecían a la “Mara Salvatrucha” (MS), la cual, junto con la “Mara 18”, es una de las más violentas de este país centroamerican0.

Monseñor Óscar Garachana Pérez, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, la segunda en importancia del país, leyó un comunicado en el que la iglesia considera que el hecho en mención es “una negligencia grave y permanente” del estado de Honduras en el cumplimiento de sus obligaciones con los privados de libertad.

Garachacha dijo que la iglesia agotó todos lo recursos legales de la legislación interna, pero ante los pocos resultados se vieron en la obligación de acudir a las instancias jurídicas internacionales para determinar la responsabilidad del estado hondureño en la muerte de todos esos internos bajo su custodia.

“Tres instituciones de la iglesia católica con mi apoyo y aprobación ya presentaron el día de ayer (miércoles) una denuncia ante la CIDH para que ella determine si el estado de Honduras es responsable de violentar las obligaciones contraídas en el marco de la Convención de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Honduras forma parte”, dijo.

Apuntó que la Diócesis a su cargo ha venido trabajando con la Pastoral Penitenciaria en acompañar legal, humanitaria y religiosamente a los privados de libertad, así como apoyándolos en su rehabilitación, colaborando con las autoridades públicas y denunciando las graves deficiencias del sistema penitenciario.

“Quiero dejar claro que esta denuncia no va contra nadie ni contra ninguna persona ni menos contra el estado de Honduras ni contra el país, lo que pretendemos en ultima instancia es contribuir con acciones legales y, no solo con palabras, a la transformación del sistema penitenciario hondureño y lo hacemos porque nos duelen tantas muertes”, agregó.

El prelado católico cuestionó el hecho que pese a las investigaciones y acusaciones efectuadas por la Fiscalía, hasta ahora no hay ninguna persona en prisión. “Los procesos legales del país se han agotado y no hay ningún responsable”.

Garachana dijo que espera que la denuncia no tenga un efecto negativo en la imagen del país por provenir de la misma Iglesia, sino más bien contribuya a mejorarla.

“Es más bien una forma de ayudar al Estado a que una institución superior como es la CIDH valore la realidad y anime y le diga al gobierno si es que ha habido negligencia o dictamine que no la habido. Por tanto dentro de los cauces legales creo que más que estropear la imagen de Honduras podemos contribuir a mejorarla”, anotó.