El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) indicó en un comunicado que la actual "política antiterrorista" incluye "la penetración, infiltración y allanamiento ilegal a las sedes de las organizaciones populares, la vigilancia física de sus dirigentes y el robo de bases de información".

El Gobierno, según el COFADEH, también persigue a la oposición social y política con las mismas técnicas de la "Doctrina de la Seguridad Nacional ejecutada entre 1980 y 1984".

Según el organismo, el Gobierno asocia a dirigentes populares "con el tráfico de armas para las FARC" (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas), lo mismo que con la política de los gobiernos de Cuba y Venezuela, detenciones ilegales y asesinatos de activistas políticos en el país.

La coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, dijo a periodistas que entre 2002 y 2005 tienen registrados al menos 20 casos para sustentar sus denuncias.

Como ejemplo citó que en 2002 "se difundió una lista con nombres de dirigentes sociales que investiga la Secretaría de Seguridad por supuestos vínculos con las FARC".

Agregó que la lista, que fue entregada por un agente de la Policía de Investigación a un periodista hondureño y el Comisionado de los Derechos Humanos, Leo Valladares, estaba encabezada por los dirigentes sindicales Carlos Reyes y Juan Barahona.

El COFADEH también citó entre otras violaciones los asesinatos del aspirante a diputado por el Partido Unificación Democrática (UD, de izquierda), Marco Tulio Rodríguez, y del dirigente campesino Ediksson Roberto Lemus.

Rodríguez fue asesinado en San Pedro Sula el 20 de mayo pasado y Lemus el 24 de ese mismo mes en El Progreso, ambas ciudades en el norte del país.

Ambos casos no han sido esclarecidos por la justicia hondureña.

El COFADEH solicitó al Comisionado de los Derechos Humanos que "abra una investigación de los hechos denunciados".

Además, el organismo humanitario considera que se debe suspender de sus cargos al director de la Policía de Investigaciones, Napoleón Nazar, y el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, porque forman parte de esa doctrina de seguridad nacional.

A la comunidad internacional, el COFADEH le pidió "mayor prudencia al respaldar a un Gobierno violador de los derechos humanos, que carga como expediente mortal un promedio mensual de 40 personas asesinadas con impunidad",

Oliva expresó que la sociedad hondureña y las máximas autoridades de la iglesia católica deben estar con "los ojos bien abiertos, porque quizás estemos incluidos entre las próximas víctimas".

Una fuente cercana a la Casa Presidencial dijo a ACAN-EFE que aunque hasta el momento no hay ninguna respuesta oficial, "la denuncia del COFADEH no se ajusta a la realidad actual". EFE