El mencionado
informe recomienda además “intervenir de inmediato
a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE,
y proceder a la revisión y supervisión de los contratos
de generación de energía térmica, así
como investigar la situación actual de proyectos de energía
renovable”.
El documento fue leído por el coordinador del referido organismo
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en una
conferencia de prensa ofrecida en uno de los salones del aeropuerto
internacional Toncontín, en la que estuvo acompañado
por los integrantes del mismo, Juliette Handal, José María
Agurcia, Arturo Corrales, Adolfo Facusse, Juan Ferrera y Rossana
Guevara.
Al evento también asistieron el Presidente del Congreso Nacional
Porfirio Lobo Sosa y los diputados y diputadas, Celín Discua
Elvir y Rodolfo Zelaya, en representación del Partido Nacional,
Jack Arévalo Fuentes y Ramón Villeda Bermudez, en
representación del Partido Liberal, Doris Gutierrez y Nedis
Licona, por el Partido Unificación Democrática, Rafael
Aguilar por el Partido Innovación y Unidad, PINU, y Ramón
Velásquez Nazas por el Partido Demócrata Cristiano,
que son las cinco instituciones políticas que conforman la
Cámara Legislativa.
La también conocida como Comisión de Notables, fue
integrada hace diez días por el Congreso Nacional, quien
designó a diez ciudadanos de reconocida honorabilidad, para
que revisen y supervisen permanentemente los mecanismos de modificación
de la tabla de precios de los combustibles, que expliquen a la población
sobre el funcionamiento del proceso de comercialización de
éste rubro y formulen las recomendaciones que estimen necesarias
para evitar que su costo provoque crisis en la economía del
país.
Debido al intenso trabajo realizado, los miembros de la Comisión
pudieron presentar el informe, calificado de preliminar, un día
antes de lo encomendado por el Poder Legislativo.
Para su elaboración, según reza el mismo documento,
los comisionados se reunieron con todos los actores que participan
en la cadena de comercialización de los carburantes, así
como con organizaciones empresariales y de la sociedad civil y con
expertos en el tema, nacionales e internacionales.
Lo que plantea el informe no contempla ninguna relación con
intereses particulares, individuales o colectivos, aseguró
el Cardenal Rodríguez durante la lectura.
En su parte medular el documento recomienda diseñar y comenzar,
de manera urgente, una campaña educativa dirigida a la población
hondureña para fomentar la cultura y la conciencia sobre
la necesidad de esforzarse en el ahorro y uso racional de los derivados
del petróleo.
De conformidad con los elementos de juicio derivados de la información
obtenida y debidamente verificada, la Comisión de Política
Energética, propone modificar el procedimiento para la definición
de los precios, o sea la “formula” que se utiliza actualmente.
Para ello deberá diseñarse un patrón matemático
que involucre las variables que no están bajo control del
mercado interno, pues responden al contexto internacional y las
que sí lo están. Dicho esquema matemático deberá
ser lo suficientemente simple y claro a efecto de que toda la ciudadanía
lo conozca y lo comprenda y pueda tener la seguridad de que el precio
que paga es el más bajo posible en las condiciones que fije
el mercado internacional.
Una de las recomendaciones más relevantes es que se prorrogue
el congelamiento del precio de los combustibles, por al menos diez
días más, a fin de que los comisionados puedan tener
un poco más de tiempo para analizar y sustentar las posibles
soluciones de corto, mediano y largo plazo, que en materia energética
demanda el país.
Asimismo propone declarar un estado de emergencia energética
que solo pueda ser superada con el cambio del patrón de consumo
de la energía eléctrica y de los combustibles, así
como la implementación, lo más pronto que sea posible,
de programas de energía renovable y combustibles alternos.
Igualmente el desarrollo de un programa energético nacional
que defina metas de corto, mediano y largo plazo.
Otra de las recomendaciones es que a la brevedad posible se propicie
una visita de personeros del gobierno, de alto nivel, al gobierno
de Venezuela “para acordar condiciones más favorables
que se puedan obtener bajo la iniciativa de PETROCARIBE”.
La Comisión insta a las autoridades competentes “para
que se concluya las investigaciones, se deduzcan las responsabilidades
que correspondan y se informe plenamente al pueblo hondureño,
lo referente al contrabando de combustibles (conocido como gasolinaza),
con el afán de que no quede impune y que no se repita este
vergonzoso capítulo de la historia nacional”.
Además sugiere que también se informe amplia y claramente
sobre las acciones que realiza el Gobierno de la República
para contrarrestar la importación ilegal de combustibles.
Los comisionados enfatizan en su informe la petición de que
el tema de los derivados del petróleo se mantenga fuera del
debate relacionado con la campaña electoral que en este momento
desarrollan los partidos políticos del país.
El informe contiene además una amplia exposición sobre
los antecedentes de la problemática, la metodología
de trabajo desarrollada, la investigación y los hallazgos,
el análisis de la cadena de comercialización y las
condiciones y situación en que se desenvuelven actualmente
los actores que forman parte de esa cadena.
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