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Lo anterior está contenido en el informe
acerca de la situación de la libertad de prensa en el continente,
presentado en el marco de la 61 asamblea que ese organismo hemisférico
celebró esta semana en la ciudad de Indianápolis,
Estados Unidos.
Los
casos
En
este informe, la SIP denuncia las querellas en contra de los periodistas
Eduardo Maldonado y Esdras Amado López de los programas “Hable
como Habla” y Así se Informa, respectivamente, por
parte del presidente del banco La Constancia y ministro asesor en
materia de vivienda del gobierno, Jhony Kafaty.
Asimismo,
destaca la querella contra el empresario Jorge Canahuati Larach,
presidente de los diarios La Prensa y El Heraldo por el presidente
de Diario Tiempo, Jaime Rosenthal Oliva, a raíz de informaciones
publicadas en La Prensa el 23 y 25 de julio en relación al
pleito de unos terrenos que un grupo de lugareños le disputa
al Banco Continental, propiedad de Rosenthal Oliva. Dos audiencias
de conciliación no han tenido éxito.
Por
otro lado, se presenta el caso de la querella por calumnia y difamación
constitutivas de injuria presentadas en contra del mismo Jorge Canahuati
y el diario La Prensa, por parte da le empresa Embotelladora de
Honduras S. A (Embohsa), a raíz de una serie de reportajes
sobre los daños que esa empresa causaría al acuífero
Sunceri.
El
acuífero surte de agua a la tercera parte de la población
de San Pedro Sula. Al final un Tribunal de Sentencia, integrado
por los jueces Ramón Enrique Barrios, Ricardo Pérez
y Alba Leticia Bueso, desestimó la querella.
La
SIP, también, hace mención a la demanda en contra
el periodista Arnulfo Aguilar, por trabajos hechos mientras laboraba
en diario La Prensa, por acciones de la ex magistrada Thelma de
Zerón. Aguilar es director de Radio Uno.
Además,
sobre la demanda en contra el periodista Serapio Umanzor, desde
que laboraba en La Prensa, por publicaciones que involucraron a
un diputado.
La
colegiación
Por
otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa, que aglutina a
los representantes de los medios de comunicación escrita
más importantes del continente, señala que aún
persiste en el país el requisito de la colegiación
obligatoria para poder ejercer el periodismo.
Asimismo,
se mantiene la prohibición del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) de publicar encuestas tres meses antes de las elecciones,
incluido el día de la votación, donde no se permitirá
la divulgación de resultados “a boca de urna”,
prejuzgando que los medios podrían influir en los votantes.
“Han
existido avances notorios. Se eliminó la figura del desacato,
que presagiaba la presencia constante de periodistas ante los tribunales
por la simple decisión de un funcionario público.
Aunque las demandas contra los medios por informaciones publicadas
ya son comunes”, apunta la SIP en su informe sobre Honduras.
El
Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, reaccionó ante las
querellas y denunció una escalada contra los periodistas,
medios y dueños de medios de comunicación de parte
de sectores interesados en destruir la libertad de expresión
en el país.
Durante
los últimos meses se produjeron una serie de pronunciamientos
a favor de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información
Pública que mantiene pendiente el Congreso Nacional.
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