Bush promete mano dura
contra indocumentados
   

22 de octubre de 2005

Washington - El presidente de EEUU, George W. Bush, prometió hoy mano dura contra los indocumentados y afirmó que el objetivo de su Gobierno es deportar a toda persona que entra ilegalmente en el país, "sin excepciones".


Bush usó su mensaje radial semanal para aplacar con más medidas para el control fronterizo las críticas de los conservadores a su plan para otorgar permisos temporales de trabajo.

El presidente dijo que se evitará poner en libertad a la espera de una cita con un juez a los inmigrantes no mexicanos que cruzan la frontera sin papeles, quienes serán deportados más rápidamente.

Además, el programa "expatriación interna" permitirá enviar en autobús o avión a los mexicanos a sus lugares de origen, en lugar de dejarlos simplemente al otro lado de la frontera para que intenten pasarla de nuevo, dijo Bush.

Esta semana, su administración proporcionó los primeros detalles de su plan de reforma migratoria, pero este tema sólo ganó una breve mención en su mensaje radial.

En cambio, Bush se explayó sobre cómo la Ley de Presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional, que firmó el martes, permitirá a su Gobierno reforzar la vigilancia fronteriza y ampliar los centros de detención para extranjeros.

El presidente dejó clara su meta: "Nuestro objetivo es enviar de vuelta a toda persona que haya entrado ilegalmente (en EEUU), sin excepciones".

Este tipo de declaraciones pueden tranquilizar a una parte de la base republicana, que está alarmada por cualquier mención a la regularización de los indocumentados, pero es de difícil aplicación práctica, como ha reconocido el propio Gobierno.

En una audiencia en el Congreso esta semana, el senador demócrata Edward Kennedy preguntó al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, cuánto costaría deportar a los 11 millones de indocumentados que se cree que residen en EEUU.

El funcionario contestó que "miles de millones y miles de millones y miles de millones de dólares". Al costo de su búsqueda y repatriación se añadiría el impacto negativo en la economía estadounidense, que depende de esa mano de obra barata.

Pero Bush no quiere parecer débil en el tema de inmigración de cara a los miembros de su partido.

"Demasiados inmigrantes ilegales están entrando y estamos capturando a muchos más inmigrantes ilegales no mexicanos de los que podemos enviar a sus casas", recalcó hoy Bush.

Uno de los motivos es la falta de espacio en los centros de detención, explicó, lo que obliga a poner a muchos no mexicanos en libertad tras darles una cita para acudir a los tribunales.

"La mayoría nunca se presentan", dijo el presidente, quien enfatizó que esta política de "capturar y soltar" es "inaceptable".

Para intentar solventar este problema, Bush dijo que se agrandará en un 10 por ciento la capacidad de los centros de detención, gracias a 3.700 millones de dólares contemplados para este fin en la Ley firmada esta semana.

Esta también dedica 2.300 millones de dólares a la Patrulla Fronteriza, que contratará mil nuevos agentes, mejorará sus equipos, ampliarán las estaciones de vigilancia e instalarán más vallas y barreras, según explicó Bush.

Aún así, el presidente reconoció que las medidas policiales contra los inmigrantes indocumentados "no pueden funcionar a menos que sean parte de una reforma migratoria amplia".

"Trabajaré con los miembros del Congreso para crear un programa que proporcione a nuestra economía la fuerza de trabajo que necesita sin perjudicar a los trabajadores estadounidenses y sin dar una amnistía", prometió.

Su plan, que propuso inicialmente en enero de 2004, permitiría a los indocumentados que residen en EEUU y a extranjeros en otros países obtener permisos de trabajo por un período máximo de seis años, tras lo cual se les obligaría a abandonar el país.

Sin embargo, muchos expertos no creen que sea realista o aconsejable la expulsión de millones de personas, muchas de las cuales tienen familia aquí, al final de ese período.

Una propuesta del senador republicano John McCain y de Kennedy les abriría la puerta a la ciudadanía si no han cometido delitos, pero tanto ese proyecto como el plan de Bush están atascados en el Congreso por la oposición enconada de muchos republicanos. EFE

 
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