Sánchez, acusada bajo el sistema inquisidor penal que prevalecía en el 2002 en Honduras, al no existir los juicios orales y públicos, difundió en sus programas noticiosos, en enero de ese año, una grabación sostenida entre la ex contralora Rubí y el entonces presidente del poder Judicial, Armando Ávila, quien falleció en un accidente en septiembre de 2002 al ser declarado como desaparecido.

En la grabación, Rubí y el desaparecido presidente del poder judicial dialogaban sobre un caso de presunta corrupción y en ella se develaba el tráfico de influencias ejercido por ambas personas. La difusión pública de la cinta magnetofónica impidió que la ex contralora aspirara a ser parte de los nuevos magistrados que hoy día conforman el Poder Judicial. Rubí es una reconocida dirigente política hondureña.

Rubí y el desaparecido presidente del poder judicial fungieron como funcionarios en la administración del ex presidente Carlos Flores Facussé (1998-2002); y la grabación que los compromete a ambos se produjo en 1999, pero fue hasta el 2002 que salió a la luz pública.

Según Rubí, la periodista Sánchez al difundir la grabación que le hicieron llegar terceras personas, cayó en el delito de calumnias al denigrar su imagen, pero también en el delito de "espionaje" por negarse a revelar la fuente que originó la información.

Sandra Maribel Sánchez fue acusada entonces de espionaje telefónico en perjuicio de la ex contralora, así como del delito de "ejercicio ilegal" del periodismo por no estar afiliada al Colegio de Periodistas de Honduras, pese a ser egresada de la Escuela de Periodismo de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Su caso, fue conocido por tres jueces, y en varias oportunidades los togados intentaron librar una orden de captura para encarcelarla; pero ello fue evitado por la defensa de la comunicadora a cargo del abogado Milton Jiménez Puerto, y la presión popular.

A mediados del 2002, cuando era inminente la captura de la periodista Sánchez, pobladores, líderes humanitarios, periodistas, diputados y algunos dirigentes gremiales y populares, se apostaron a las afueras de Radio América para evitar el arresto de la comunicadora, el cual, finalmente nunca se produjo.

El 10 de octubre de 2005, la jueza Elvira Meza Fiallos, encargada del caso de Sandra Maribel Sánchez, emitió una carta de libertad a favor de la periodista por no encontrar argumentos fehacientes en los delitos que le fueron imputados.

En su carta de libertad, la jueza Meza Fiallos, sostiene que el caso ha sido "sobreseído definitivamente" y "en consecuencia, el expresado reo: Sandra Maribel Sánchez, vuelve al ejercicio del ciudadano".

Sánchez nunca dejó de ejercer el periodismo por las apelaciones que fue objeto el caso.