Maúrtua de Romaña respondió así a su homólogo japonés, Taro Aso, quien -según los medios peruanos- dijo en Tokio que no conocía la razón por la que el gobierno de Lima había retirado al embajador Luis Macchiavello.

En declaraciones a la emisora Radio Programas del Perú (RPP), el canciller también dijo que Japón no debe intervenir en el caso Fujimori porque el ex gobernante, a pesar de que tiene la nacionalidad japonesa, optó por la peruana al entrar en Chile.

Perú busca extraditar desde Chile a Fujimori, de 67 años, quien tiene abiertos 22 procesos judiciales en su país.

Sin embargo, un portavoz de la cancillería nipona dijo hoy a EFE en Tokio que Japón seguirá el caso Fujimori (presidente 1990-2000) por tratarse de un ciudadano japonés.

Según Kenji Hirata, director de la División de América Latina, la visita de los diplomáticos japoneses al ex mandatario peruano-japonés detenido en Chile corresponde a una "práctica normal" prevista en la Convención de Viena.

Hirata rehusó comentar la afirmación peruana de que Japón incurre en una "injerencia inaceptable" con sus recomendaciones para que Chile dé a Fujimori un "trato justo".

Fujimori también tiene la nacionalidad japonesa reconocida después de su llegada a Japón en 2000 tras abandonar la presidencia peruana, por tener antepasados nipones.

Perú también consideró un agravio que el gobierno de Tokio no le informara de la salida del ex presidente fugado del país con destino a Chile.

El titular de Exteriores peruano consideró dudoso que un país como Japón, "con la cibernética más elaborada, más sofisticada del mundo", no conociera que Fujimori había partido hacia Sudamérica.

Por su parte, el procurador del Estado peruano, Antonio Maldonado, afirmó hoy ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de su país que la extradición es la única opción que garantiza que Fujimori sea juzgado por los 22 procesos que tiene en Perú.

Maldonado dijo que la posibilidad de plantear la expulsión de Fujimori de Chile representaba "un riesgo muy concreto de que vuelva a fugarse " porque podía elegir su destino.

El ministro de Justicia, Alejandro Tudela, declaró ante la misma comisión parlamentaria que "la expulsión no garantiza para nada que venga al Perú".
Mientras tanto, la aeronáutica chilena excluyó hoy, viernes, en Santiago cualquier castigo a la empresa aérea que llevó a Chile a Fujimori.

"En el plan de vuelo se identifica la matrícula del avión, su certificado de aeronavegación, sus seguros vigentes al día, la empresa, el tipo de avión, el piloto y la cantidad de pasajeros y no la lista", dijo el jefe de comunicaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Pablo Ortega.

"Nosotros no somos policía internacional", precisó Ortega en declaraciones al diario electrónico "El Mostrador", y enfatizó que "la lista de pasajeros es un problema de migraciones".

La policía de Investigaciones de Chile castigó con la separación de sus cargos a dos detectives por errores cometidos en el trámite de entrada al país del ex presidente peruano.

Por su parte, la cancillería mexicana informó de que su país pidió a Japón que explique por qué no le informó del paso por su territorio de Fujimori.

Según las autoridades mexicanas, el ex mandatario peruano estuvo durante "unos 50 minutos" el sábado anterior en el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana (noroeste, frontera con EEUU), donde su avión privado hizo una escala técnica en su viaje desde Tokio a Santiago.

El gobierno mexicano dijo que fue "físicamente imposible" arrestar "en tan poco tiempo" al ex presidente debido a que "no se contaba con una solicitud de extradición" por parte de Lima.

La Secretaría (Ministerio) de Gobernación (Interior) de México, a cargo de la oficina de Migración, señaló que investiga si los funcionarios destacados en la terminal aérea tuvieron una conducta impropia en relación con el paso del ex presidente.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, su Gobierno "siguió todos los canales legales, desde el punto de vista de lo que se conoce como una 'alerta roja' en la jerga de la Policía Internacional (Interpol)".

México había recibido esa "alerta roja" por parte de Interpol, que, a su vez, recibió de parte del Gobierno peruano la solicitud de arrestar a Fujimori en cualquiera de los países afiliados a ese organismo