Cuando
Maduro asumió como presidente de Honduras, el 27 de enero
de 2002, dijo que en su mandato de cuatro años terminaría
con la violencia.
Pero,
a dos meses de concluir la gestión de Maduro, los hondureños
viven una ola de delincuencia que en gran parte es atribuida por
las autoridades a las maras.
Muchos
de los casos de muertes violentas no son esclarecidos por las autoridades,
según publicaciones de la prensa local y de organismos de
derechos humanos.
Organizaciones
como Casa Alianza registran mensualmente un promedio de 40 muertes
violentas de personas en edades comprendidas entre los 14 y 23 años.
Entre
enero y octubre de este año, Casa Alianza registró
al menos 359 muertes violentas, de las que el 39 por ciento de las
víctimas eran menores de 18 años.
Grupos
de derechos humanos también atribuyen algunas muertes a agentes
de la policía, lo que en pocos casos han reconocido las autoridades
locales.
Maduro
dijo el día de su investidura que "nada ni nadie me
apartará del propósito inquebrantable de transformar
Honduras en un país seguro", pero cuatro años
después esa promesa no se ha hecho realidad.
Bertha
Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), indicó que ese organismo
registró cerca de 3.000 muertes impunes durante la administración
de Maduro, y que los hondureños "llegamos de nuevo a
una campaña electoral basada en el miedo".
En
lo que respecta a la violencia, tres grandes matanzas que no han
sido del todo esclarecidas empañaron la administración
de Maduro: una el 5 de abril de 2003 en la Granja Penal de El Porvenir
(Caribe) y dos en San Pedro Sula (norte) el 17 de mayo y 23 de diciembre
de 2004, que dejaron un saldo global de unos 304 muertos.
En
la Granja Penal de El Porvenir murieron 69 personas, entre quemadas
y heridas con armas blancas y de fuego, según informes oficiales,
que responsabilizaron en parte a autoridades de la cárcel.
La mayoría de las víctimas eran pandilleros.
El
17 de mayo del año pasado, 107 pandilleros murieron quemados
en una celda del presidio de San Pedro Sula, hecho que las autoridades
atribuyeron a un cortocircuito a causa de una recarga en el sistema
eléctrico.
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El
23 de diciembre de 2004, otras 28 personas murieron tiroteadas
en un autobús de la ruta urbana en el populoso barrio
Chamelecón, de San Pedro Sula.
Esta
matanza, que tampoco ha sido del todo esclarecida, es atribuida
a pandillas armadas por las autoridades hondureñas.
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A
dos meses de cesar como presidente, Maduro sostiene que la seguridad
"es un tema a largo plazo" y admite que no ha podido acabar
con la criminalidad en su país, aunque destaca que en su
mandato "se redujeron enormemente los secuestros, de 45 en
2001 a cuatro en 2004".
"Los
niveles de seguridad han mejorado pero no se ha terminado con el
crimen, todavía tenemos una cantidad de violencia y de asesinatos
muy alta, aunque los hemos reducido en un 35 por ciento", dijo
Maduro a periodistas el pasado 11 de noviembre.
Para
las elecciones del próximo 27 de noviembre, los únicos
candidatos presidenciales con opción de triunfo son Porfirio
Lobo, del gobernante Partido Nacional, y Manuel Zelaya, del Partido
Liberal, primera fuerza de oposición.
La
ley electoral prohíbe la difusión de sondeos de opinión,
por lo que no ha sido posible medir la relación de fuerzas
entre Lobo y Zelaya, aunque sus partidos han publicado un par de
encuestas en la que le dan el triunfo a su candidato.EFE
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