El fraude electoral es consecuencia del uso masivo de aparatos digitales
como los teléfonos de última generación que tienen
incorporado sistema de grabación de audio y video y que según
los denunciantes serían utilizados por activistas políticos
en contra de voluntades electorales.
Según los denunciantes, el delito electoral se cometería
al momento en que el votante ejerza el sufragio y una vez marcada su papeleta
proceda a filmarla o a tomarle una fotografía.
Al momento de abandonar el centro de votación el elector muestra
como evidencia la foto o el filmado de su sufragio a un operador político
que le pagaría una suma de dinero por haber votado en las casillas
acordadas.
Los denunciantes aseguran que los partidos políticos poseen alrededor
de 10 mil teléfonos móviles con cámara incorporada
los que serían utilizados por igual número de operadores
“compra votos”.
Se estima que cada celular podría servir para comprar un mínimo
de 20 sufragios lo que representaría un cambio en los resultados
electorales.
Honduras se aboca a un proceso electoral general el próximo 27
de noviembre y en el mismo será escogido el próximo presidente
del país, su vicepresidente, 128 miembros del Parlamento y 298
alcaldes municipales.
Este país centroamericano retornó a la democracia a inicios
de la década de los 80 y desde entonces no se han podido erradicar
los delitos electorales relacionados al fraude.
Esto
hace que los entendidos mencionen las “elecciones estilo Honduras”.
A los diferentes y tradicionales métodos y sistemas de fraude ahora
se le uniría el que puede realizarse mediante los teléfonos
celulares que imponen una modalidad de delito electrónico, producto
de la “era bits”. |