El presidente Zelaya advirtió que provocar un desabastecimiento sería un delito.
 
13 de marzo de 2006
Por Dagoberto Rodríguez
drodríguez@proceso.hn
  • Presidente advierte a importadores que provocar una carestía sería un “error garrafal” y un delito contra los consumidores

  • Gobierno licitará la construcción de una terminal para almacenar los carburantes, de negarse los importadores a prestar las suyas

  • El Presidente en Consejo de Ministros aprobó la contratación del cuestionado experto Robert Meyeringh con un contrato de 750 mil dólares

Tegucigalpa - El Poder Ejecutivo admitió hoy que el nuevo mecanismo de importación de combustibles vía licitación internacional conlleva el riesgo de generar un desabastecimiento del energético en el país, pero aseguró que se están tomando las previsiones para evitar que eso suceda.

En conferencia de prensa, el presidente Manuel Zelaya y el ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal Hidalgo, comparecieron para desvirtuar las aseveraciones de empresarios, expertos e importadores de carburantes en el sentido que el nuevo mecanismo puede conducir al país a una carestía de los derivados del petróleo.

Inicialmente Rosenthal Hidalgo defendió la contratación del experto internacional Robert Meyeringh para que sea éste el que elabore las bases de licitación y dirija el proceso de adquisición internacional, y dijo que esperan finiquitar esta semana el contrato para que inicie su trabajo en ese sentido.

Meyeringh ha sido cuestionado por los empresarios del ramo, ya que aducen que se trata de un accionista de varias empresas transnacionales de los combustibles y al conducir el proceso de compra de los energéticos, tendría interés de favorecer a algunas de las compañías que él representa.

“El consultor ha sido seleccionado por dos razones, primero porque ya había hecho el informe previo… y segundo porque sentimos que es un tema técnico, un tema muy especializado donde no se puede seleccionar a una persona, primero, que no sea conocedor del tema y segundo que pueda tener la confianza plena del gobierno y el pueblo de Honduras para asegurar que sus intereses corresponderán a los intereses de los consumidores del país”, defendió el secretario de estado.

Temores confirmados

En relación a los temores de un posible desabastecimiento por la oposición de los importadores al nuevo mecanismo, el ministro de la Presidencia confirmó que “efectivamente existe un riesgo que las transnacionales decidan no prestar sus tanques y que se abstengan de participar en la licitación internacional”.

“No hay duda que en todo proceso de cambios hay riesgos, lo que corresponde es que el gobierno sea meticuloso en administrar los riesgos para evitar que estos puedan incidir o afectar a los consumidores del país”, apuntó.

No obstante, afirmó que el Ejecutivo está preparado para efectuar dos licitaciones conjuntamente: una para la compra de los combustibles y la otra para la construcción de una nueva terminal que se utilizaría para almacenar los derivados del petróleo en el caso que los importadores se nieguen a prestar las de ellos.

Rosenthal detalló que está segunda licitación permitiría la participación de todas las empresas transnacionales que ya operan en el país y adicionalmente de aquellas personas y compañías que quieran construir nuevas terminales de almacenamiento.

“Aquel que le cotice al gobierno al menor precio por el almacenamiento y trasiego de combustibles será el que podrá operar la terminal”, dijo.

El gobierno busca licitar la construcción de una nueva terminal de almacenamiento de carburantes.
Agregó que: “no hay duda que tendrán una ventaja las terminales que ya existen, (las cuales) ya están depreciadas, ya están recuperadas sus inversiones y eso quiere decir que ellos pueden reducir sustancialmente el precio que cobran por el trasiego y el almacenamiento de los combustibles”.

Asimismo, el alto personero manifestó que, según el informe presentado por la comisión de notables y elaborado por Meyeringh, este mecanismo permitiría al estado un ahorro de 30 o 40 millones de dólares anuales, lo que repercutiría favorablemente en el consumidor final.

Un delito

Sobre este mismo tema, el presidente Zelaya cuestionó las declaraciones de los empresarios del ramo y de los expertos contratados por las transnacionales del petróleo y dijo que si ellos están hablando de un desabastecimiento, “están cometiendo un error muy grave y además ofensivo para el consumidor hondureño”.

El jefe de gobierno recordó que los hondureños han sido una fuente de ingresos permanente en servicios y asuntos de negocios para las compañías petroleras por mucho tiempo y siempre han tenido las puertas abiertas en el país.

“Amenazar la economía con un desabastecimiento es un delito y es un delito que puede ser hasta penado por la ley. No creo que ellos estén en esa actitud y si esa actitud fuera la que están en este momento planteando, deben analizarla nuevamente y deben buscar la manera de establecer un diálogo con el gobierno”, advirtió.

El gobernante insistió en que una acción de tal naturaleza sería “un error garrafal” y sería hacer prevalecer el interés particular sobre el interés social y del desarrollo económico del país. En ese sentido, apuntó que buscará las aproximaciones con los empresarios del rubro para tratar el tema.

En otro orden de cosas, el mandatario informó que ya sancionó el decreto que autoriza la rebaja al kerosene y el LPG y que está en proceso de publicación en el diario oficial La Gaceta.

Aprueban contratación
El presidente Zelaya en consejo de ministros aprobó este lunes la contratación del experto Robert Meyeringh, para que se encargue de ejecutar y supervisar la compra de combustible por la vía de la licitación internacional, cuya asesoría le costará al estado hondureño 750 mil dólares al año, unos 14.2 millones de lempiras.

El Consejo de Ministros decidió no someter a licitación la contratación del citado experto, argumentando que se trata de un caso excepcional y que así está contemplado en la Ley de Contratación del Estado.

Asimismo, el gobernante acordó nombrar tres comisiones que serán coordinadas por el ministro de la Presidencia Yani Rosenthal, el gerente de la ENEE Juan Bendeck y la ministra de Trabajo Riccy Moncada, para que viajen a EEUU, México, el Golfo Pérsico y Venezuela con el fin de explorar alternativas de solución a los altos precios de los carburantes.