El
coronel retirado Juan Evangelista López Grijalba debe indemnizar
a los demandantes, entre los que hay torturados y familiares de
desaparecidos, por los abusos que se cometieron cuando estuvo
al frente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI)
y el escuadrón de la muerte conocido como Batallón
316.
La magistrada Joan A. Lenard dijo en su fallo que la indemnización
enviaría el mensaje de que "los delitos de tortura,
desaparición y asesinatos extrajudiciales no serán
tolerados bajo ninguna circunstancia y siempre serán castigados".
Lenard indicó que el ex militar a inicios de los años
1980 era director de la DNI y comandaba las Fuerzas de Seguridad
de Honduras, incluido al escuadrón acusado de cientos de
desapariciones, asesinatos y torturas.
La jueza determinó que el coronel retirado o había
ordenado o participado en esos abusos que calificó de "atroces".
Entre los demandantes que deben ser indemnizados están
Zenaida Velásquez, hermana del asesinado líder estudiantil
Manfredo Velásquez, quien recibirá cinco millones
de dólares.
Al hijo de Manfredo se le otorgaron seis millones de dólares.
Periodista torturado
El periodista Oscar Reyes y su esposa Gloria, quienes en una audiencia
previa relataron cómo fueron secuestrados en 1982, torturados,
golpeados y sometidos a descargas eléctricas, serán
indemnizados con 13 millones de dólares cada uno.
Dos hermanas de Hans Madisson, un estudiante de 24 años,
secuestrado y asesinado, obtuvieron una compensación de
cinco millones de dólares.
La exhumación del cadáver de Madisson demostró
que fue mutilado y decapitado, según el Centro de Justicia
y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), una
organización de derechos humanos con sede en California
que presentó la demanda.
El CJA informó de que la demanda se interpuso en el 2002
por un equipo legal integrado por Matt Eisenbrandt y Almudena
Bernabeu y por Ben Reid y Gus Bravo de la firma Florida Carlton
Fields.
"Esta
sentencia reconoce y premia el coraje de nuestros clientes y de
tantos otros quienes decidieron no guardar silencio. En Honduras
muchos han sido los intentos, hasta ahora sin éxito, de
buscar justicia por estos abusos", dijo Bernabeu.
Ahora confía -agregó- en que las autoridades Hondureñas
"tomen nota y se valgan de la prueba obtenida por CJA para
procesar y condenar al ex coronel del Ejército López
Grijalva".
En el 2004, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó al
coronel retirado a Honduras, aunque no fue detenido a su llegada
al no haber una orden de captura en su contra.
El ex militar entró en 1998 en Estados Unidos con un visado
de turista y poco después se acogió al Estatus de
Protección Temporal (TPS). EFE