El
personal dedicado a ayudar a los hijos de campesinos itinerantes
a triunfar en sus estudios, a pesar de sus ausencias constantes
de las aulas, temen lo peor.
Si se aprueba la propuesta Sensenbrenner, el único programa
destinado a ayudar a esos alumnos a salir adelante, podría
concluir, ya que la mayoría de los niños en el programa
son indocumentados.
La
historia de estos niños es ya de por si difícil,
dice Martha Rivera, directora del programa.
La
mayoría sufre de frío, hambre y abusos de todo tipo
en los campos a los que acuden con sus padres, que siguen las
cosechas, donde encuentran trabajo ocasional como "pizcadores".
En
Texas hay actualmente 149.631 niños migrantes inscritos
en el programa.
La trabajadora social María Ríos, afirmó
que por ahora la mayor preocupación es que la Cámara
de Representantes logre convencer al Senado de que apruebe la
propuesta de ley Sensenbrenner, que convertiría en delito
el ayudar al inmigrante indocumentado.
"En
nuestro programa la mayoría de los niños son mexicanos,
hijos de trabajadores del campo, y sabemos que es posible que
muchos de ellos no tengan documentos migratorios", dice.
Al
igual que las escuelas, el MEP no exige prueba de residencia a
los que ayuda.
"De aprobarse esa ley, nuestros niños, muchos de ellos
talentosos, tendrían que abandonar sus estudios",
añade.
Ríos
menciona que estos niños se enfrentan a situaciones impensables
para niños de familias estables.
"Generalmente
van a la cosecha con los padres, por lo que abandonan por meses
sus clases, sufren de fríos intensos, hambre y cansancio
cuando esperan junto con sus padres el final de la jornada del
día", dice.
Entre
las niñas que se quedan en las barracas esperando a los
padres, se registran altos niveles de embarazo", comenta
Ríos, quien dice que en una de las familias tres chicas
quedaron embarazadas a los 13 años.
La
pizcadora Patricia Gámez tuvo que huir de México
para salvar su vida.
"Decidí vivir", cuenta la mujer, quien huyo después
de que el que fuera su esposo la apuñalara en frente de
su hija, que entonces tenía cinco años.
Gámez
ingresó como indocumentada a Estados Unidos, y como no
tenía oficio, se fue a trabajar al campo.
"Mis
hijos se iban conmigo a los campos, y los veía temblar
de frío y llorar de hambre", dice.
Gracias
al programa, su hija, que ahora tiene 6 años, e hijo, de
16, se integraron al sistema de educación estadounidense.
Gámez
se dio cuenta de que tenía que dejar los trabajos agrícolas
cuando, por el frío, su hija comenzó a padecer de
problemas pulmonares.
"Pedí
entonces asilo político, porque mi vida corría peligro
si regresaba a México", dijo. El asilo le fue concedido
el año pasado.
Hoy
su hijo, que una vez intentó suicidarse por las dificultades
de la vida en el campo, se prepara para estudiar medicina forense.
La
niña, ya en cuarto grado, también quiere ser médico.
Gracias
a que ahora tienen documentos, los hijos de Gámez ya pueden
solicitar becas y préstamos para hacer realidad sus sueños.
"No
todos nuestros niños hijos de cosechadores itinerantes
tienen la misma suerte que los Gámez", dice Ríos.
Explica
que los sueños de superación de al menos el 20 por
ciento de estos niños que se graduan con honores de secundaria
se ven frustrados, porque son indocumentados y no cumplen los
requisitos para recibir ayuda para financiar una carrera.
"Es
muy triste visitar el hogar de un niño que fue brillante
en la escuela, que estaba lleno de entusiasmo y sueños,
y encontrarlo frente al televisor, haciendo nada", expone
Ríos.
Indica
que la única esperanza para ellos es la aprobación
del Dream Act, que les daría acceso a ayuda económica
para los estudios superiores.
"Después
de todo, ¿por qué castigarlos a ellos, si no fueron
quienes decidieron ingresar como indocumentados al país",
se pregunta Ríos. EFE