Se
trata del sacerdote Andrés Tamayo, así como Víctor
Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé
Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga
y Santos Efraín Paguada, todos integrantes del MAO.
"La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas
de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado
reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente
de Olancho, el departamento más grande del país",
indica el informe.
La fuente agregó que "hasta hace poco, y por primera
vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco,
pues el 19 de mayo el presidente Manuel Zelaya declaró
una veda forestal inmediata de la tala de árboles en
varios municipios".
Según CEJIL, los empresarios madereros culpan al MAO
de la orden presidencial, por lo que el 29 de mayo le dieron
un plazo de 48 horas al sacerdote Andrés Tamayo para
que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias.
La principal preocupación de CEJIL es que en Honduras
existe una "práctica sistemática de asesinatos
de líderes ambientalistas", ya que desde 1996 han
sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos
Flores y Mauricio Hernández.
Señala que otros ambientalistas como Jeannette Kawas
y Carlos Escaleras también fueron asesinados y asegura
que todos los casos han quedado en la impunidad.
"El Estado hondureño tiene la obligación
de adoptar todas las medidas para garantizar la integridad y
la vida de los integrantes del MAO, así como crear las
condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa
del medio ambiente", afirma CEJIL.
CEJIL es una organización no gubernamental que defiende
y promociona los derechos humanos en América y su objetivo
es asegurar la implementación de normas internacionales
de derechos humanos incluidas en el sistema interamericano de
derechos humanos. EFE