El impacto financiero
de la compañía que se ganó la licitación
para operar el sistema de registro balístico fue tan
negativo, que aparentemente han perdido el interés en
esta inversión y buscan otros países en donde
haya más respeto por las leyes y la institucionalidad,
con lo cual “demostramos nuestra eficiencia en ahuyentar
a los inversionistas”, dijo el ombudsman hondureño.
Custodio considera que, al realizar este tipo de denuncias,
cumple con el deber de practicar la transparencia y el derecho
a la información, a que toda la ciudadanía tiene
igual derecho, pues “entre todos debemos lograr que la
moda política del poder ciudadano sea una realidad”.
Advirtió que cuando en un Estado las leyes dicen lo que
hay que hacer casi en cada situación, pero en la realidad
el funcionario o un simple empleado hace lo que se le antoja,
se termina siendo “no un país de leyes sino un
paisaje de innumerables pinceladas caprichosas”.
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Recientemente
se reunieron en Tegucigalpa numerosos invitados de la
Fundación Arias y del Centro de Investigación
y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH),
en un Seminario cuatrinacional (Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá) alrededor del tema: “Tráfico
y Control de Armas de Fuego”. |
En el Panel se presentaron las experiencias nacionales de Costa
Rica, Panamá y de Honduras, sobre Mecanismos de Control
de Armas.
Custodio consideró que el informe presentado sobre lo
que ocurre en Honduras fue teóricamente impecable en
cuanto al registro balístico de cada arma, mediante un
sistema técnico óptimo, pero el ponente no dijo
que en la práctica no ha funcionado así, porque
los policías hondureños montaron un negocio paralelo
y para “lelos”.
Este negocio, según Custodio, consiste en extender permisos
provisionales sin más requisito que la paga del interesado
en obtenerlo al otro interesado en extenderlo, sin recibo de
ninguna clase.
“Me parece que además del incumplimiento de los
deberes de un funcionario hay una exacción ilegal y notoria
defraudación fiscal, de lo cual deben tomar nota los
que dirigen la Policía Nacional y los señores
del Ministerio Público”, insistió el defensor
de los derechos humanos.