• Las comunidades afrodescendientes del país rechazaron que se le otorgue el criterio de oportunidad y piden a la Fiscalía iniciar acusación

• El Ministerio Público se pronunciará en torno a las peticiones del diputado y los pueblos garífunas el lunes de la semana entrante

05 de julio de 2006
Redacción
Proceso Digital

 

 

Tegucigalpa - El diputado nacionalista, Miguel Ángel Gámez, quedó a un paso de ser enjuiciado ante la Corte Suprema de Justicia, ya que hoy la comunidad negra del país rechazó aceptar el criterio de oportunidad que aquél solicitaba para evitar ir a un juicio por el supuesto delito de racismo.

Diputado Miguel Ángel Gámez

El pasado mes de junio, el parlamentario aceptó ante la Fiscalía General de la República haber hecho declaraciones racistas en contra de los afrodescendientes y pidió, a través de sus apoderados legales, que se le aplicara el amparo jurídico del criterio de oportunidad, contemplado en el Código Procesal Penal.

En una entrevista ofrecida a Proceso Digital en marzo de este año, Gamez vertió declaraciones discriminatorias y racistas en contra de las personas de la raza negra, lo que dio lugar a que la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural le abriera un expediente por el delito de racismo.

A raíz de ese mismo incidente, que causó un revuelo en el país, el legislador, también, fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público por la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), que aglutina a las principales comunidades negras del país.

La aplicación del criterio de oportunidad dependía de que los afrodescendientes, aceptaran la medida, pero Odeco pidió que se declare sin lugar la solicitud de Gamez y que en consecuencia se proceda a interponer el requerimiento fiscal en su contra ante la instancia judicial que corresponde.

Los directivos de Odeco y sus apoderados legales se entrevistaron esta mañana con la fiscal especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, Yani del Cid, a quien entregaron un documento en el que sustentan jurídicamente su decisión de objetar el arreglo conciliatorio que proponía el diputado.

La figura jurídica en la que se ampara Gamez está contemplada en el Código Procesal Penal y a través de ella se busca que la persona denunciada acepta la comisión de un delito y se compromete a resarcir los daños a los agraviados, pero bajo el entendido que los afectados deben dar su consentimiento de que aceptan la medida.

• El presidente de Odeco, Celeo Alvarez, entregó el escrito a la fiscal de las Etnias, Yani del Cid.
En el pronunciamiento entregado a la fiscal de las Etnias y que calza la firma de cientos de garífunas, Odeco se ampara en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscritos por Honduras, que condenan todas las formas de discriminación racial por motivos de raza, color, linaje u origen étnico.

“Por todo lo expuesto y debido a que el delito por el cual se sigue la investigación, de conformidad al artículo 28 numeral 1 del Código Penal, faculta al Ministerio Público para que pueda concluir la investigación, declaramos sin lugar el criterio de oportunidad solicitado en beneficio y en derecho del ciudadano investigado y solicitamos resolver conforme a derecho”, cita el escrito.

Fiscalía se pronunciará
Al cabo de la cita, la fiscal Yani del Cid dijo que las peticiones de ambas partes serán analizadas por su oficina y el lunes de la semana entrante se estará resolviendo conforme a derecho.

La fiscal explicó que el criterio de oportunidad es una medida alterna que no necesariamente implica que un caso se cierra por insuficientes elementos de prueba, sino que se desjudicializa al no acudir a las instancias judiciales.

“La Fiscalía va a resolver la próxima semana la petición del denunciado de que se le aplique un criterio de oportunidad y considerará en esa aplicación el escrito que ha presentado Odeco., así que primero se va a notificar a las partes nuestra resolución y luego se hará de público conocimiento”, dijo.

Del Cid indicó que en la resolución que emita la Fiscalía de las Etnias se dejarán establecidas las acciones legales que corresponden.

De irse a juicio, el diputado Gamez será juzgado bajo un procedimiento especial por tratarse de un alto funcionario del estado.

En Honduras, el delito de racismo es penado con tres a cinco años de prisión y con una sanción económica de tres mil a 150 mil lempiras.

Se estima que en Honduras, los afrodescendientes representan el 10 por ciento del total de la población de siete millones.

Otras instancias
El Presidente de Odeco, Celeo Álvarez Casildo, indicó que este no se trata de un asunto personal, sino que existe de por medio un delito que debe ser perseguido y castigado por la autoridad correspondiente.

“Hay un delito y debe hacerse el requerimiento fiscal y debe de procederse conforme a las leyes”, dijo el dirigente étnico.

Agregó que con esta denuncia Odeco ha procurado sentar precedente o punto de referencia para evitar posibles situaciones similares en el futuro. “Hay que educar a la ciudadanía, necesitamos ejemplo para la niñez y la juventud y crear ambiente convivencia ciudadana y respeto mutuo”, agregó.

Finalmente, dijo las comunidades negras están considerando impulsar un procedimiento paralelo a través de una acusación privada o acudir a instancias internacionales, en caso que la denuncia no prospere, pero “estamos confiando que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, va actuar”.