En un auto notificado hoy, el juez Santiago Pedraz libra estas
órdenes contra los ex presidentes Efraín Ríos
Montt, Oscar Mejía Victores y el ya fallecido Fernando
Romeo Lucas García.
Aunque Romeo Lucas murió en mayo pasado en Venezuela, Pedraz
se
ha visto obligado a incluirle en el auto porque aún no
hay constancia oficial de su fallecimiento en el procedimiento,
según fuentes jurídicas.
El magistrado también emite órdenes de busca y captura
contra el ex ministro de Defensa Angel Aníbal Guevara,
el antiguo director de la Policía Nacional Germán
Chupina Barahona, el que fuera jefe del Comando Seis de la Policía
Pedro García Arredondo, el antiguo jefe del Estado Mayor
del Ejército Benedicto Lucas García y el ex titular
de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz.
Según las fuentes, Alvarez Ruiz se encuentra fuera de Guatemala
y
está localizado en una ciudad de California (EEUU).
En su auto, el magistrado Pedraz, quien hace suyos los argumentos
del fiscal, hace referencia a la falta de cooperación y
actitud "obstruccionista" de estas personas en la investigación
que lleva a cabo la Justicia española sobre delitos de
genocidio en Guatemala.
El juez acuerda la prisión provisional comunicada y sin
fianza de estas ocho personas "a los efectos de su detención
y extradición a nuestro país".
También cursa las órdenes de detención "para
que sean aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad
judicial española, a fin y efecto de responder de los delitos
que se les imputan".
Embargo
de propiedades
Además de ordenar su búsqueda y captura y su prisión,
decreta "el embargo de todos los bienes de los que los mismos
sean titulares (...), a los efectos de garantizar las responsabilidades
pecuniarias y civiles correspondientes", así como
el bloqueo de sus cuentas bancarias.
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Pedraz
tomó esta decisión después de que la
Fiscalía denunciara que durante el reciente viaje
del juez a Guatemala "se ha detectado una clara, constante
y voluntaria falta de cooperación con la autoridad
judicial española en la investigación de los
hechos denunciados" por parte de los imputados, que
impidió al magistrado tomarles declaración
a ellos y a los testigos. |
"Efectivamente,
con su actitud obstruccionista han bloqueado de hecho (y en el
fondo de derecho) no sólo sus declaraciones, sino también
la de los testigos que se habían propuesto", señalaba
el ministerio público en su escrito.
Añadía que "la cascada constante y continua
de recursos, evitando el lógico actuar del órgano
judicial, no sólo ha impedido que conocieran la imputación,
sino también que los testigos propuestos pudiesen contar
al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando
de esta manera ver satisfecho su legítimo interés
de acceso a la Justicia".
Considerando que concurren en los antes citados "fundados
indicios de la comisión de sendos delitos de terrorismo,
torturas, genocidio, asesinato y detención ilegal de los
que serían autores", la Fiscalía pedía
la adopción de medidas cautelares "para evitar que
(...) campen por sus respetos burlando la jurisdicción
española".
De hecho, el interrogatorio a un grupo de militares y dos civiles
de Pedraz en Guatemala quedó suspendido en junio pasado,
debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó
de forma provisional al general golpista Ríos Montt, quien
presentó un recurso ante ese organismo para evitar esas
indagaciones.
En diciembre de 1999, la Premio Nobel de la Paz la guatemalteca
Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional
española una demanda por delitos de genocidio, terrorismo
de Estado y torturas durante el conflicto armado en su país
(1960-1996).
Según fuentes jurídicas consultadas, durante los
años en los que los reclamados ejercieron el poder en Guatemala,
se calcula en unos 250.000 los miembros de la etnia maya asesinados.
Además de los delitos de lesa humanidad, los imputados
deberán responder por el asalto de las fuerzas de seguridad
guatemaltecas el
31 de enero de 1980 a la embajada de España, donde murieron
37 personas, entre ellas tres españoles y el padre de Menchú,
así como
por los asesinatos de cuatro sacerdotes españoles en la
década de los 80. EFE
