La
oficina dependiente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) añadió que en ese período también
ha habido intentos de silenciar el periodismo crítico,
asignación discriminatoria de publicidad oficial y censura
previa.
Según
el relator especial para la libertad de expresión, Ignacio
Alvarez, "persisten en la región diversas situaciones
de utilización más sutil del poder público
con el mismo fin último de silenciar a la prensa".
El
informe es emitido cada tres meses por la Relatoría para
contribuir a "impulsar la adopción de los correctivos
que pudieran ser pertinentes para una mayor vigencia del derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión" en el
continente.
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El
informe de la Relatoría Especial indicó preocupación
por la situación en Venezuela y por el asesinato
de los periodistas Jorge Aguirre y José Joaquín
Tovar, así como por el alto número de procesos
penales contra comunicadores sociales. |
Las
condenas a prisión recaídas en los periodistas Mireya
Zurita y Henry Crespo también son mencionadas, así
como la solicitud de demolición del diario "Correo
del Caroní" y declaraciones de altos funcionarios
públicos venezolanos que habrían ordenado revisar
las concesiones a canales de televisión.
Pero,
por otra parte, la Relatoría consideró positiva
la decisión de sobreseer el proceso contra el periodista
Napoleón Bravo y la promesa de que el Gobierno respetará
a los periodistas y a los medios de información.
El
informe indicó que en Argentina hubo un alto número
de agresiones y amenazas contra periodistas provenientes de funcionarios
públicos y censuró la calificación de "enemigos
del Gobierno" hecha en Bolivia contra los propietarios de
una red de televisión.
La
Relatoría también lamentó el encarcelamiento
de cuatro periodistas y la confirmación de agresiones policiales
a comunicadores sociales en Chile, hechos que también habrían
ocurrido en Colombia.
En
relación con este país, la Relatoría calificó
de "positivos" los avances en los procesos judiciales
por el asesinato de los periodistas José Emeterio Rivas
y Santiago Rodríguez Villalba.
La
Relatoría dedicó un anexo especial a Cuba por considerar
que en ese país no existe la libertad de expresión.
Sin
embargo, recordó que durante el trimestre emitió
un comunicado en el que solicitó la liberación de
más de 20 periodistas y recomendó derogar las restricciones
en el acceso a internet.
Por
otro lado, la Relatoría consideró como "un
acto de censura previa" la decisión de la Junta Escolar
de Miami-Dade de retirar el libro "Vamos a Cuba" de
las bibliotecas escolares, y señaló su esperanza
de que prosperen las acciones judiciales interpuestas para revertir
la situación.
En
cuanto a México, la Relatoría llamó la atención
por el creciente número de agresiones y amenazas a los
periodistas, pero destacó la derogación de los delitos
de calumnia e injuria y las medidas para proteger el secreto profesional.
La
Relatoría también criticó un proyecto de
código penal presentado por una comisión en Panamá
que, a su juicio, contiene disposiciones "incompatibles"
con el derecho a la libertad de expresión.
Asimismo,
calificó de "preocupante" el alto número
de agresiones contra periodistas y contra medios de comunicación
registrados en los últimos tres meses en Perú. EFE
