Los
ombudsman de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua
y Panamá hicieron saber su inquietud sobre este tema en
un comunicado conjunto, en el que además denuncian que
muchas de las muertes violentas de féminas ocurren en circunstancias
muchas veces no esclarecidas por las autoridades policiales.
Estudios realizados por la Procuraduría de los Derechos
Humanos de la República de Guatemala, confirman la generalidad
del problema de violencia homicida en contra de las mujeres y
mueven al Consejo ha ampliar dicho estudio a todos los países
de la región centroamericana, cita el comunicado.
Según la Fiscalía Especial de la Mujer del Ministerio
Público, en Honduras se reportó la muerte violenta
de unas 500 mujeres entre
el año 2003 y lo que va del 2006, lo que representa una
tendencia preocupante en virtud que la mayoría de las muertes
quedan en las más completa impunidad.
Los defensores de los derechos humanos consideran que la violencia
contra las mujeres, además, de configurar una flagrante
violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales,
se convierte en un desafío para los Estados en su propósito
de lograr una auténtica democratización de sus sociedades.
“Los índices de asesinatos de mujeres, en razón
de su género, en nuestra región, además de
haberse incrementado, remiten a hechos de especial preocupación
en relación, al verificarse en ellos: violencia psicológica
y sexual, amenazas, tortura y mutilaciones, de manera que reflejan
un patrón intencional de atentar y eliminar a las mujeres,
al punto de haberse configurado el feminicidio como un nuevo fenómeno
del homicidio de mujeres por ser mujeres”, señalan.
Asimismo, los procuradores denunciaron que frente a este fenómeno
criminal no existe una acción diligente y se carece de
estrategias de carácter preventivo por parte de los órganos
policiales del istmo, lo que contribuye al predominio de la impunidad
en la mayoría de los asesinatos.
En tal sentido, demandaron a los estados de la región,
especialmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, a adoptar
las acciones para fortalecer la promoción y protección
de los derechos humanos de las mujeres y la implementación
de medidas encaminadas a prevenir la ola de feminicidios en sus
respectivos países.
