El
repliegue, que comenzó hace 11 días, pone fin a
una misión militar de asistencia a la reconstrucción
de Irak que estuvo rodeada en todo momento por la controversia
debido al carácter pacifista de la Constitución
japonesa.
El director general de la Agencia de Defensa (con rango de Ministerio),
Fukushiro Nukaga, llegó ayer a Kuwait con el fin de supervisar
una operación de retirada que en un principio se dijo que
se completaría a final de este mes.
No obstante, Japón continuará su apoyo logístico
a Estados Unidos en Irak con vuelos de transporte de tropas y
mercancías que prestan tres aviones C-130 y 200 militares
de las fuerzas aéreas niponas con base en Kuwait.
De hecho, el Gobierno japonés se comprometió a aumentar
esta capacidad desplegada en Kuwait para garantizar el transporte
de personal militar y civil de Estados Unidos y la ONU, sobre
todo como puente aéreo hacia Bagdad e Irbil (en el norte
kurdo de Irak).
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, anunció
el pasado 20 de junio la retirada de los soldados japoneses que
han estado desplegados en la provincia meridional iraquí
de Muthana desde principios del 2004.
La razón de esta retirada, según Koizumi, fue la
transferencia a las fuerzas iraquíes del control de la
seguridad militar en ese área, hasta ahora responsabilidad
de británicos y australianos que se ocupaban también
de proteger a los militares nipones.
Los efectivos japoneses tenían la prohibición expresa
(determinada por la Constitución de Japón) de participar
en acciones bélicas.
Durante el tiempo que han estado destacadas en el sur iraquí,
las tropas japonesas han ayudado en la reconstrucción de
escuelas y edificios, proporcionado medicinas y asistencia sanitaria,
y trabajado en la potabilización del agua de algunos barrios.
Esta labor, sin embargo, no ha sido valorada tan positivamente
por gran parte de la población japonesa, que desde un principio
vio con recelos el apoyo sin condiciones de Koizumi al presidente
de EEUU, George W. Bush, tras los ataques del 11 de septiembre
de 2001.
Del mismo modo, un gran número de ciudadanos consideraba
que esta misión vulneraba los principios básicos
de la Constitución pacifista japonesa que prohíbe
de manera expresa la participación de su país en
conflictos bélicos fuera de su territorio nacional. EFE
