Tras
un largo y acalorado debate público, el concejo de la pequeña
ciudad votó casi a la medianoche en contra de la medida
que habría penalizado a quienes emplearan o alquilaran
viviendas a inmigrantes sin papeles, similar a una adoptada recientemente
en Hazelton, Pensilvania.
La ordenanza, denominada Alivio a la Inmigración
Ilegal (Illegal Immigrant Relief Act) e impulsada por el alcalde
republicano de Avon Park, Tom Macklin, fue rechazada por tres
de los cinco concejales de la localidad, cuya población
no supera los 9.000 habitantes.
La disposición buscaba, además,
convertir el inglés en el idioma oficial y eliminar el
español de todos los documentos y letreros de la ciudad.
Tirso Moreno, coordinador de la Asociación
de Trabajadores Agrícolas de la Florida, calificó
como un triunfo la decisión de los concejales, aunque advirtió
de que no bajarán la guardia ante este tipo de iniciativas.
"Estamos celebrando el triunfo, pero no nos
vamos a dar por vencido porque todavía hay otras medidas
que están buscando pasar para perjudicar a nuestra gente",
declaró a Efe Moreno tras finalizar la audiencia.
La ciudad de Palm Bay, en el este de la Florida,
se apresta a aprobar en agosto próximo una medida que impondrá
multas y negará permisos de trabajo a los negocios que
contraten inmigrantes indocumentados.
El Fondo Puertorriqueño de Educación
y Defensa Legal (PRLDEF, por sus siglas en inglés), que
sigue de cerca los casos de Florida y Pensilvania, ha advertido
de que tomará acciones legales para revertir cualquier
ordenanza que discrimine a los hispanos.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas
Estatales, en el 2006 se han aprobado al menos 57 legislaciones
estatales en más de 12 estados para restringir el acceso
a empleo, vivienda, salud y otros beneficios a los inmigrantes
indocumentados.
Entre los estados que encabezan esta tendencia
se encuentran Arizona, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Iowa,
Idaho, Illinois, Kansas, Luisiana y Maryland, entre otros. EFE
