El
sacerdote se expresó en esos términos al referirse
a las protestas que los sectores organizados del departamento
de Copán preparan este martes para exigir la derogación
del decreto 292-98 contentivo a la Ley de Minería, y el
cese de la explotación metálica a cielo abierto
en esa región del territorio nacional.
Santos encabeza una coalición de organizaciones de la sociedad
civil y la iglesia católica que se oponen a la explotación
minera a cielo abierto por los graves daños que está
ocasionando a la salud de los pobladores que viven cerca de las
áreas de aprovechamiento, y los perjuicios que esa actividad
está ocasionando al medio ambiente.
“Todos sabemos que la democracia en Honduras es ficticia,
aquí las familias ricas son las quitan y ponen gobiernos
y las familias ricas son las que presionan el Congreso para que
apruebe lo que no debe aprobar, y la madre de corrupción
está en el Congreso Nacional”, afirmó.
Dijo que la movilización se mantiene y ésta tiene
como fin la derogación de la citada normativa jurídica,
la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que se encuentra estancada en
el Legislativo y el cumplimiento de varios compromisos asumidos
por el gobierno con los pobladores.
Advirtió que la toma de las vías solo será
abortada cuando el presidente del Congreso, Roberto Micheletti
se comprometa a abolir la ley y apruebe el presupuesto para la
pavimentación de las carreteras Gracias-La Esperanza, la
de San Marcos de Ocotepeque a Virginia, Lempira y la apertura
de la carretera de Tomalá-Guanasulque.
Santos citó que en los últimos años las minas
se han llevado 8,000 millones de lempiras y a Honduras sólo
le han quedado 300 millones, aunque indicó que no se sabe
a ciencia cierta las ganancias que obtienen debido a que la Secretaría
de Recursos Naturales no cuenta con el equipo para hacer las mediciones.
El polémico religioso, a quienes muchos tildan como “el
obispo rojo” por su inclinación liberal, dijo que
no quiere que lo consideren un segundo padre Andrés Tamayo,
en alusión al sacerdote olanchano que encabeza el movimiento
ambientalista en contra de la depredación del bosque en
el departamento de Olancho.
“Esto empezó como una manifestación religiosa,
pues en principio ellos (los sectores) han acudido a mí,
pero yo ya les he dicho que yo no quiero ser otro padre Andrés
Tamayo, sino que es el pueblo, es el grupo el que decide en estas
cosas”, apuntó.
Sesgado con mineras
Preguntado en torno a los diputados que se oponen a la derogación
de la Ley de Minería, el religioso señaló
al parlamentario Arnoldo Avilez, a quien acusó de
recibir viáticos de las mineras para hacer las inspecciones
en los sitios de contaminación.
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| Arnoldo
Avilez. |
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“Él está sesgado y parcializado por
las mineras, a él lo invitaron acá, yo creo
que con gastos pagados, porque generalmente la Dirección
de Fomento a la Minería (Defomin) y la Secretaría
de Recursos Naturales no tiene dineros ni para pagar viáticos”.
Afirmó que a todos los personeros que las empresas
mineras traen de Tegucigalpa, los llevan a comer al restaurante
Paris, cerca de la alcaldía de Santa Rosa. “ellos
tienen dormida y comida pagada cuando vienen al occidente
del país. |
Pero las acusaciones del prelado fueron más allá,
al denunciar que el diputado Avilez, en su reciente visita a la
mina de San Andrés, incluso, pidió a los ejecutivos
de la compañía que le dieran las pruebas o documentación
para rebatir sus argumentos.
Dijo que Avilez está en contra de las acciones que promueve
la población del occidente del país en contra de
las mineras y a favor de las empresas, y apuntó que el
único que reclamó a los ejecutivos por no proporcionar
los informes de las ganancias que obtienen por la explotación
de metales preciosos en el país, fue el diputado José
Ángel Saavedra.
Al respecto, el diputado Avilez se defendió de las acusaciones
del sacerdote, aunque admitió que pidió a los ejecutivos
de las mineras información de sus operaciones, pero como
parte de la investigación que realiza la comisión
designada por el legislativo para hacer las inspecciones de rigor.
Finalmente, Santos advirtió que si no hay respuesta por
parte del gobierno del presidente Zelaya y el Congreso Nacional,
la lucha continuará hasta que sean escuchados.
Congreso
no derogará ley
La comisión negociadora de esa zona sostuvo hoy una reunión
con el diputado presidente, Roberto Micheletti, pero sin ningún
resultado positivo, ya que el legislador asegura que no se puede
derogar el decreto 292-98 de la Ley de Minería, que solamente
regula y no prohíbe la explotación de cielo abierto.
“Las quejas que ellos exponen sobre la Ley de Minería
son que las compañías mineras no les han cumplido,
sobre los impuestos, pero nada en concreto y no podemos derogarla”,
reiteró Micheletti.
