OBISPO LUIS ALFONSO SANTOS

“El Congreso es la madre
de la corrupción”

   
  • Acusa al diputado Arnoldo Avílez de parcializarse con las empresas mineras que operan en el país

24 de julio de 2006

Tegucigalpa - “El Congreso es la madre de la corrupción”, acusó hoy el obispo de la arquidiócesis de Copán, Luis Alfonso Santos, quien, además, dijo que el diputado Arnoldo Avílez, directivo de la comisión de minería del Congreso Nacional, se ha parcializado con las empresas mineras que operan en el país.

Luis Alfonso Santos.

El sacerdote se expresó en esos términos al referirse a las protestas que los sectores organizados del departamento de Copán preparan este martes para exigir la derogación del decreto 292-98 contentivo a la Ley de Minería, y el cese de la explotación metálica a cielo abierto en esa región del territorio nacional.

Santos encabeza una coalición de organizaciones de la sociedad civil y la iglesia católica que se oponen a la explotación minera a cielo abierto por los graves daños que está ocasionando a la salud de los pobladores que viven cerca de las áreas de aprovechamiento, y los perjuicios que esa actividad está ocasionando al medio ambiente.

“Todos sabemos que la democracia en Honduras es ficticia, aquí las familias ricas son las quitan y ponen gobiernos y las familias ricas son las que presionan el Congreso para que apruebe lo que no debe aprobar, y la madre de corrupción está en el Congreso Nacional”, afirmó.

Dijo que la movilización se mantiene y ésta tiene como fin la derogación de la citada normativa jurídica, la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se encuentra estancada en el Legislativo y el cumplimiento de varios compromisos asumidos por el gobierno con los pobladores.

Advirtió que la toma de las vías solo será abortada cuando el presidente del Congreso, Roberto Micheletti se comprometa a abolir la ley y apruebe el presupuesto para la pavimentación de las carreteras Gracias-La Esperanza, la de San Marcos de Ocotepeque a Virginia, Lempira y la apertura de la carretera de Tomalá-Guanasulque.

Santos citó que en los últimos años las minas se han llevado 8,000 millones de lempiras y a Honduras sólo le han quedado 300 millones, aunque indicó que no se sabe a ciencia cierta las ganancias que obtienen debido a que la Secretaría de Recursos Naturales no cuenta con el equipo para hacer las mediciones.

El polémico religioso, a quienes muchos tildan como “el obispo rojo” por su inclinación liberal, dijo que no quiere que lo consideren un segundo padre Andrés Tamayo, en alusión al sacerdote olanchano que encabeza el movimiento ambientalista en contra de la depredación del bosque en el departamento de Olancho.

“Esto empezó como una manifestación religiosa, pues en principio ellos (los sectores) han acudido a mí, pero yo ya les he dicho que yo no quiero ser otro padre Andrés Tamayo, sino que es el pueblo, es el grupo el que decide en estas cosas”, apuntó.

Sesgado con mineras
Preguntado en torno a los diputados que se oponen a la derogación de la Ley de Minería, el religioso señaló al parlamentario Arnoldo Avílez, a quien acusó de recibir viáticos de las mineras para hacer las inspecciones en los sitios de contaminación.

Arnoldo Aviléz.
“Él está sesgado y parcializado por las mineras, a él lo invitaron acá, yo creo que con gastos pagados, porque generalmente la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) y la Secretaría de Recursos Naturales no tiene dineros ni para pagar viáticos”.

Afirmó que a todos los personeros que las empresas mineras traen de Tegucigalpa, los llevan a comer al restaurante Paris, cerca de la alcaldía de Santa Rosa. “ellos tienen dormida y comida pagada cuando vienen al occidente del país.

Pero las acusaciones del prelado fueron más allá, al denunciar que el diputado Avílez, en su reciente visita a la mina de San Andrés, incluso, pidió a los ejecutivos de la compañía que le dieran las pruebas o documentación para rebatir sus argumentos.

Dijo que Avílez está en contra de las acciones que promueve la población del occidente del país en contra de las mineras y a favor de las empresas, y apuntó que el único que reclamó a los ejecutivos por no proporcionar los informes de las ganancias que obtienen por la explotación de metales preciosos en el país, fue el diputado José Ángel Saavedra.

Al respecto, el diputado Avílez se defendió de las acusaciones del sacerdote, aunque admitió que pidió a los ejecutivos de las mineras información de sus operaciones, pero como parte de la investigación que realiza la comisión designada por el legislativo para hacer las inspecciones de rigor.

Finalmente, Santos advirtió que si no hay respuesta por parte del gobierno del presidente Zelaya y el Congreso Nacional, la lucha continuará hasta que sean escuchados.

Congreso no derogará ley
La comisión negociadora de esa zona sostuvo hoy una reunión con el diputado presidente, Roberto Micheletti, pero sin ningún resultado positivo, ya que el legislador asegura que no se puede derogar el decreto 292-98 de la Ley de Minería, que solamente regula y no prohíbe la explotación de cielo abierto.

“Las quejas que ellos exponen sobre la Ley de Minería son que las compañías mineras no les han cumplido, sobre los impuestos, pero nada en concreto y no podemos derogarla”, reiteró Micheletti.