Tegucigalpa - El cardenal Oscar Andrés Rodríguez cuestionó las tomas de carreteras promovidas esta semana por la Alianza Cívica Democrática y el obispo Luis Alfonso Santos, en el occidente del país, para demandar la derogación de la Ley de Minería.

Contrario a esta posición, Rodríguez se pronunció a favor de reformas a la actual Ley de Minería, y contrario a su derogación, como plantean los pobladores de varias regiones del centro y el occidente del país.

Las declaraciones de Rodríguez dejaron en evidencia la falta de acuerdos alrededor de este tema con Santos, a quien, en su opinión, podrían estar "utilizando", sectores que no identificó.

"A veces a uno le pueden poner una cáscara de banano para que se resbale", comentó, el alto jerarca de la iglesia católica hondureña.

Rodríguez es de la opinión de que una ley, en este caso la de la minería, tiene que existir, porque no puede ser que en Honduras se exploten sus riquezas mineras, sin ninguna regulación.

"Necesitamos más bien que Honduras se capacite para eso, nuestro país es de leyes y si hay concesiones otorgadas en base a la ley, también Honduras debe responder", señaló.

Añadió que "no estamos en un país anárquico" donde una persona va a decir "para mañana toda la minería quedará abolida, eso sería violar las leyes". Miles de pobladores del centro y el occidente de Honduras bloquearon el martes pasado varios puntos de las carreteras del norte y panamericana, en demanda de la derogación de la Ley de Minería. Las protestas se suspendieron, luego de que los organizadores acordaron con el presidente, Manuel Zelaya, una reunión para el martes de la próxima semana en San Pedro Sula, en la que se discutirán sus planteamientos.

Santos responde
En declaraciones ofrecidas esta mañana a una radioemisora capitalina, Santos dijo que no había escuchado las declaraciones del cardenal Rodríguez, pero quizás había muchos puntos que aclarar , porque "creo que en este momento hay un consenso en el país sobre las explotaciones mineras".

Contrario a su encendido discurso de los últimos días, esta vez Santos habló de manera más sosegada y trató de evadir su responsabilidad en las manifestaciones y tomas de las carreteras, aduciendo que él en ningún momento llamó a la gente a tomar tales acciones.

Apuntó que el día de la manifestación, él se encontraba en la gasolinera Puma en la Entrada, Copán y de eso "todo mundo es testigo porque ahí estaba el comisionado de policía, el jefe de Tránsito, y ahi rezamos el rosario. Era una cosa religiosa y todos me escucharon que debían caminar el margen derecha de la carretera".

"Es decir, lo que hagan las gentes nos es responsabilidad mía, yo le aclare al Ministerio de Seguridad que yo tengo autoridad sobre los sacerdotes, a las religiosas etcetera, pero que sobre las organizaciones populares son mayores de edad y cada quien toma sus decisiones, verdad", anotó.

Santos ha sido un fuerte crítico del Congreso Nacional y del gobierno por su posición con respecto a la Ley de Minería, incluso en recientes declaraciones calificó al legislativo de la "Madre de la Corrupción" por su decisión de mantener vigente esa normativa.

El prelado aseguró que él no participó en la toma de la vía que comunica al occidente del país y mas bien estuvo mediando entre la gente y el presidente de la República, Manuel Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.

En relación a si había discrepancias con el cardenal Rodríguez en torno a este tema, el prelado respondió que no y afirmó que nadie puede acusarlo de tomarse las carreteras porque él está claro que ese es un delito de orden público.

"Nadie me puede acusar a mi de tomarse las carreteras, más bien de haber estado mediando entre las fuerzas seguridad para que no hubieran golpeados y heridos y toda la sociedad civil que estaba en la carretera", dijo.

Santos admitió que en la iglesia existe una división en cuanto al tema de la minería, "porque el presbiterio de Santa Rosa de Copán va por la derogación del decreto 292-98 y tenemos buenas razones para ello, porque las reformas no tocan lo fundamental de este decreto". Además, dijo que el estado hondureño no tiene capacidad técnica para administrar las concesiones mineras, prueba de ello es que hace unas semanas la misma mina de San Andrés, en la Unión, Copán, perdió más de 29 millones de agua con cianuro y las autoridades no pudieron hacer nada.