Ese
órgano de la ONU, que revisó la aplicación
por parte de EEUU de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos, recomendó también a la Administración
de George W.Bush que "sólo tenga detenidas a personas
en lugares en los que pueden disfrutar de la plena protección
de la ley".
El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió hoy
un estudio de 12 páginas con las conclusiones sobre el
segundo y tercer informe presentados por EEUU sobre la puesta
en práctica de la citada Convención, tal y como
hace periódicamente con otros 156 Estados.
Ese Comité, que concluyó hoy su 87 sesión,
está formado por 18 expertos de diferentes países
y forma parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos (ACDH).
Su funcionamiento es completamente independiente del recién
creado Consejo de Derechos Humanos (CDH), cuya primera sesión
se celebró del 19 al 30 de junio último y del que
EEUU no ha querido formar parte.
En las conclusiones presentadas hoy el Comité expresa también
su "preocupación porque información creíble
y no contestada de que el estado parte (EEUU) se ha visto involucrado
durante meses y años en la detención secreta de
personas en lugares secretos, sin informar de ello al Comité
Internacional de la Cruz Roja".
"En esos caso, los derechos de las familias de las personas
detenidas han sido violados", agrega el documento, en el
que también se subraya a Washington que cualquier revisión
de su manual militar sobre las prácticas de interrogatorios
a detenidos debe de ser conforme a la ley internacional.
Puntualiza que en ese manual se debería "asegurar
que las técnicas actuales o revisadas son cumplidas por
las agencias dependientes del Gobierno u otras que actúen
en su nombre, así como garantizar que hay recursos efectivos
en contra de las agencias que operan fuera de la estructura militar".
Asimismo se pide que se sancione a quien utilice técnicas
de interrogatorio que no forman parte de ese manual y que se indemnice
a quien las haya sufrido.
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Otra
de las peticiones que el Comité de la ONU hace a
Washington es que "realice investigaciones independientes
y rápidas sobre todas las alegaciones de muertes
sospechosas, así como de tortura o castigos crueles,
inhumanos o degradantes cometidos por sus agentes (incluyendo
comandantes) y empleados contratados en los centros de detención
de Guantánamo, Afganistán, Irak y otros lugares". |
Para
los expertos de la ONU que han elaborado estas recomendaciones
para el Gobierno de Bush, ese país tiene también
que "asegurar que los responsables de esas acciones son enjuiciados
y castigados de acuerdo con la gravedad del delito cometido".
Sobre el caso concreto de los detenidos en las instalaciones de
la base naval de Guantánamo (Cuba), se dice que esas personas
tienen derecho "presentarse ante un tribunal que decida inmediatamente
sobre la legalidad de su detención u ordene su liberación
en caso contrario". EFE
