La
iniciativa fue rechazada por tres de los cinco miembros del Concejo
de la localidad, al sureste de Orlando, tras un intenso debate
público de más de cinco horas que comenzó
anoche y se extendió hasta la madrugada de hoy.
Tras la decisión, decenas de activistas, líderes
comunitarios e inmigrantes que asistieron al debate en el abarrotado
recinto del Concejo celebraron lo que calificaron como una victoria.
La propuesta, impulsada por el concejal Andy Anderson, pretendía
establecer multas de hasta 500 dólares contra quienes contratasen
inmigrantes indocumentados y habría denegado contratos
con la alcaldía a aquellas empresas que incurrieran en
la falta.
En su último debate hoy, dos concejales que inicialmente
habían apoyado la medida, cambiaron de parecer por considerar
que la misma "no era lo que la mayoría de la comunidad
deseaba" y "promovía prejuicios contra los hispanos".
En una primera audiencia, celebrada a mediados de julio, la ordenanza
recibió luz verde en un acalorado debate tras el cual los
concejales se inclinaron a favor de imponer multas en lugar de
cargos criminales a los negocios que incumplieran con la medida,
como estaba previsto inicialmente.
Se trata de la segunda ordenanza de este tipo en ser rechazada
en Florida, luego de que la localidad de Avon Park, al sureste
de Tampa, no aprobara el mes pasado una medida que también
buscaba penalizar a quienes emplearan o alquilaran viviendas a
inmigrantes sin papeles.
Margarita Romo, que participó en el debate en representación
de la organización "Farmworker Self-Help", consideró
la "derrota" de esta medida como un triunfo para la
comunidad inmigrante.
"Con esta decisión estamos apagando la lumbre del
odio, el racismo y la discriminación contra los indocumentados
en nuestro estado, definitivamente es una victoria muy importante",
señaló a Efe la activista tras escuchar la decisión
del Concejo.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Apoyo
a Inmigrantes de Florida y el Fondo Puertorriqueño de Educación
y Defensa Legal (PRLDEF) habían manifestado su intención
de desafiar la ordenanza en las cortes.
Evelia Menjívar, activista de la organización "United
Farm Workers", que exhortó al Concejo a sopesar su
voto durante la audiencia, se mostró complacida con la
decisión, que aseguró sienta un precedente para
otras ciudades que busquen implementar medidas contra los inmigrantes
indocumentados.
"Para nosotros esto es el mayor triunfo que hemos tenido
porque le demuestra a otras comunidades que están intentando
pasar ordenanzas contra los inmigrantes que ahí donde lo
intenten, las vamos a derrotar", dijo a Efe Menjívar
al culminar el debate.
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Las
localidades de Avon Park y Palm Bay intentaron seguirle
los pasos a la ciudad de Hazelton, Pensilvania, que a principios
de julio aprobó una ordenanza que niega la licencia
empresarial a aquellos negocios que contraten indocumentados
y multa a los caseros que les alquilen sus viviendas.
"Los grupos anti-inmigrantes van a tener que irse a
otro estado, porque aquí les hemos dado la batalla
en los dos lugares de Florida donde lo han intentado y vamos
a seguir atentos luchando a favor de nuestra gente",
agregó la activista.
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Palm
Bay es una ciudad costera de poco más de 100.000 habitantes
de los cuales aproximadamente 8.000 son hispanos. EFE