La comisión
gubernamental fue encabezada por la ministra de Trabajo, Riccy Moncada,
y el coordinador de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza,
Fernando García.
Al cabo de la reunión, Moncada declaró que no podía
referirse a la ayuda que pudiera brindar el Gobierno Central porque
es una decisión que le corresponde solo al presidente Zelaya.
Por su lado, García reiteró que es imposible dotar de
más fondos de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza
a la alcaldía capitalina, a la cual sólo se le han asignado
ocho millones de lempiras.
Declaró que el encuentro sirvió para ilustrar al alcalde,
sobre los proyectos que las diferentes instituciones estatales ejecutarán
en el Distrito Central, pero no precisó si se desembolsarán
que el alcalde capitalino ha venido demandando al gobierno.
La semana pasada el jefe del gobierno municipal denunció que
el gobierno pidió al Congreso la derogatoria de un decreto que
obliga al Ejecutivo a traspasar 250 millones de lempiras a las municipalidades
de Tegucigalpa y San Pedro Sula para obras de desarrollo social.
García indicó que el alcalde deberá enviarle los
proyectos que tiene en cartera y una vez cumplidos los requisitos, diez
días después analizarán la documentación
para proceder con las autoridades municipales a efectuar la solicitud
de desembolsos a la Secretaría de Finanzas.
“Lo que vamos a determinar es la brecha entre las inversiones
requeridas en la alcaldía y los recursos disponibles de toda
naturaleza por parte de la comuna y por parte del Gobierno Central,
para ver que acciones podemos tomar conjuntamente para satisfacer los
requerimientos de esta ciudad”, puntualizó.
Por su parte, el alcalde Ricardo Álvarez, reiteró al presidente
Manuel Zelaya, a través de sus representantes que los 125 millones
de lempiras asignados a la municipalidad del Distrito Central con el
decreto 368-2005, serán invertidos exclusivamente en obras de
desarrollo comunitario y no en gasto corriente.
Durante la cita, Álvarez mostró a la comisión gubernamental
la información que justifica la necesaria dotación de
esos recursos para realizar los grandes proyectos que requiere la ciudad
para disminuir la pobreza.
Los comisionados llevan la información sobre el tema y ha quedado
claro que la solución de este problema es que al no haberse emitido
los bonos de mil 300 millones de lempiras que establece el decreto en
mención, el pasado 25 de enero, solo quedó vigente la
asignación de los 125 millones que serían destinados únicamente
a obras de infraestructura para la prevención y mitigación
de desastres naturales y esa ha sido la confusión que ha existido,
explicó.
Además el dinero que se reclama será destinado a los programas
de dotación de agua y techos para las familias pobres y el mejoramiento
de la red vial, lo cual fue conocido por los funcionarios del gobierno
para garantizar que los desembolsos se harán en beneficio de
la población deprimida de la capital, afirmó.
Sobre los 8.9 millones de lempiras de la ERP otorgados a la municipalidad,
manifestó “eso es lo que nos asignaron, fórmulas
o no, eso es lo que dice la ley, entonces hablemos de la ley referente
a los 125 millones, que debe ser respetada y compartida con esta ciudad
que requiere de tanta inversión”.