Esa empresa de seguridad ha sido demandada por violentar los derechos
de muchos empleados que a través de la Asociación
para una Sociedad más Justa (ASJ), han presentado 12 acciones
judiciales en la instancia legal competente.
En representación de los empleados afectados en sus derechos,
el abogado Dionisio Díaz solicitó al Juzgado Primero
de Letras del Trabajo que enviara comunicación a la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI), prohibiendo la celebración
de actos y contratos en siete vehículos propiedad de Delta.
Luego, pidió a la misma instancia judicial embargar dichos
vehículos para garantizar el pago de los derechos laborales
de 12 ex guardias que hace un año esperan el cumplimiento
de sus derechos.
El juzgado competente, a petición del abogado de la ASJ,
procedió a decomisar uno de los carros, nombrando a Omar
Torres como juez ejecutor.
La diligencia se concretó la semana anterior, levantando
la correspondiente acta de embargo, nombrando como depositario
del vehículo al abogado Díaz García.
Extrañamente, al día siguiente hombres armados irrumpieron
un estacionamiento privado donde estaba el vehículo y se
lo llevaron a la fuerza. Y ahora, Delta denunció ante la
DGIC tanto al juez ejecutor como a Díaz García,
por los delitos de Hurto, Abuso de Autoridad y Violación
a los Deberes de los Funcionarios. Al mismo tiempo, publicitó
la denuncia en los medios informativos del país.
A raíz de la acción de Delta, el juez ejecutor declaró
el 31 de agosto en la DGIC, donde afirmó ante un agente
encargado del caso y a los periodistas, que “la denuncia
presentada carece de veracidad porque él sólo estaba
cumpliendo con una diligencia emitida por el Juzgado del Trabajo”.
Entre los documentos presentados por el funcionario del Poder
Judicial se detalla una solicitud de embargo.
También entregó un auto de embargo, un personamiento
del apoderado legal de la empresa Delta solicitando nulidad del
embargo; un auto donde la Juez deniega esa solicitud y un acta
de embargo de uno de los vehículos de la compañía
de seguridad, entre varios documentos que dejó para que
se anexaran a sus declaraciones ante el organismo de investigación.
Torres dijo que la denuncia no es contra él sino que se
pone en entredicho a todo el Poder Judicial, lo cual no es correcto
puesto que la Jueza del Juzgado que él representa estaba
plenamente enterada de sus actuaciones y había admitido
el embargo correspondiente.
“Sólo di cumplimiento a la orden del Juzgado Primero
de Letras del Trabajo”, señaló Torres.
