Tegucigalpa - Las políticas anunciadas por la administración del presidente, Manuel Zelaya, para frenar la creciente ola de delincuencia y violencia en el país reviven en grupos de derechos humanos el fantasma de la doctrina de la seguridad nacional y de los escuadrones de la muerte.

La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, consideró que el plan de seguridad, batuzado por las autoridades como “Operación Trueno”, lleva “paulatinamente” a la militarización de la sociedad “en nombre de la seguridad”.

En su opinión, son decisiones que generarían graves violaciones a los derechos humanos en el país, “pues los militares estarán asumiendo funciones que son meramente de seguridad interior”.

También advierte de la posibilidad de que estas decisiones socaven las débiles bases de la democracia hondureña, al promover la participación de agencias y agentes de seguridad privada en actividades que le competen exclusivamente al organismo policial.

Oliva estimó que lo más grave es que el nuevo programa de seguridad lleva a la reactivación de los escuadrones de la muerte, que en la década de los años 80 causaron muerte y dolor a por lo menos 184 familias de igual número de desaparecidos políticos.

“Lo grave es involucrar en ese proyecto a las agencias de seguridad privada, porque la mayoría de los dueños de las empresas de seguridad son militares en retiro y la mayoría de ellos han sido los que echaron a andar la política de la doctrina de seguridad nacional que se tradujo en armar escuadrones de la muerte”, expresó Oliva.

La operación Trueno busca reducir los altos niveles de violencia y criminalidad.

Dijo que “la mayoría de los dueños de esas empresas han sido ´escuadroneros´ de la muerte”, entre los que mencionó a Alexander Hernández y a Billy Joya, ambos sindicados de ser dirigentes del Batallón 3-16.

“Debería hacerse un análisis político y jurídico de las complicaciones que eso tiene”, demandó la dirigente humanitaria.

En su opinión, esta medida llevará a “violaciones más graves” de los humanos en Honduras.

Según registros de organismos de defensa de los derechos humanos, en Honduras existen unas 33 compañías de seguridad legalmente inscritas, que emplean a por lo menos 18.000 hombres.

Pero las mismas organizaciones estiman que estos datos no son reales, y que al menos 120 empresas se dedican a esta actividad a nivel nacional, las que estarían empleados al menos a 18.000 hombres.

Oliva dijo que estos datos no son oficiales, pero que los mismos hacen disparar una señal de alarma, ya que el número de hombres en armas al servicio de las compañías privadas de seguridad es considerablemente superior al número de elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas juntas.

“Eso es un ejército, un ejército que no tiene una formación policial, que solo sabe disparar”, expresó la coordinadora del COFADEH, al tiempo que advirtió que “las consecuencias y repercusiones en materia de derechos humanos van a ser gravísimas, ya que la mayoría de esta gente solo sabe disparar”.

Peligra la gobernabilidad
Asimismo advirtió de que el permitir a las compañías de seguridad participar en actividades de seguridad, pone en riesgo la gobernabilidad del país.

“Estamos hablando de 18.000 guardias armados, de un ejercito con armas que lo controla la empresa privada y militares ligados a violaciones de los derechos humanos”, señaló.

¿Qué capacidad de gobernabilidad puede tener un gobernante si se le da mucho poder a estas estructuras?, se preguntó.

“Todo esto se les puede revertir y sino que revisen lo que paso en Uruguay. Y todo podría pasar en nombre de la seguridad”, sostuvo.

“Es como estar entregando el poder sin saber que lo está entregando”, añadió. Oliva dijo que nada de esto ayuda al país, “pues lo que viene después de esto es que puede haber un cambio brusco en el poder, y se pierden los procesos democráticos”.

Oliva dijo estar de acuerdo con que se adopten medidas para enfrentar los problemas de inseguridad en el país, pero que el proceso debe incluir medidas encaminadas a atacar las causas reales que generan este fenómeno.

“Todo ese presupuesto para remilitarizar la sociedad, para crear la cultura del ´orejismo´ se debería de destinar a atacar las causas reales de este problema, empezando por castigar al que delinque sin importar su condición social”. En este proceso, el poder judicial debería de asumir su rol, de ser el órgano garante de que se está cumpliendo un Estado de derecho.

Oliva dijo considerar que el presidente Zelaya y muchos miembros de su Gabinete han adoptado, y promueven este plan, de buena fe, porque realmente están preocupados por el problema de la seguridad en el país.

Pero expresó su desconfianza “de los que están atrás, los que manejan las cuerdas (del poder), que son grupos de poder que no están en el poder y quieren volver al poder, ellos juegan muy bien al ajedrez, ellos sí tienen claro lo que quieren”, indicó.