La ANDI y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)
denunciaron el martes que existen
contradicciones entre la Ley de Contratación del Estado,
el decreto número 94-83 y también con la Ley de
Inversiones y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
con Estados Unidos (Cafta).
Por ese motivo las compañías importadoras de los
carburantes y las empresas internacionales petroleras más
importantes no participarán en el proceso de licitación
internacional de los combustibles por estar supuestamente al margen
del marco jurídico, lo cual fue negado categóricamente
por la Presidencia de la República.
Facussé indicó que el documento técnico de
la licitación elaborado por el consultor Robert Meyering
están planteado y sustentado, pero la parte legal es la
que nos “da temor porque el gobierno pretende importar la
totalidad del combustible que se usa en el país, amparado
en el decreto 94-83”.
Explicó que ese decreto, emitido en 1983, fue aprobado
en un momento muy distinto al actual, ya que en ese instante estaban
bajando los precios internacionales del petróleo y el gobierno
buscaba quedarse con el diferencial para poder cubrir el déficit
que generaba la importación de los carburantes.
“Ese decreto pues es ley de la República, aunque
las otras instituciones como el Cohep consideran que fue derogado
con la emisión de la Ley de Contratación del Estado,
pero en opinión nuestra sigue vigente”, dijo.
Facussé indicó que el problema es que en este momento
hay varias compañías nacionales y extranjeras operando
en este negocio y en el caso de las transnacionales estadounidenses
Exxon y Texaco están protegidas por el Tratado de Estímulo
y de Protección Recíproca a las Inversiones suscrito
por Honduras y EEUU en 1995.
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Los taxistas llegaron a la Presidencia a apoyar al gobierno |
Amparados en ese convenio, estas empresas han venido importando
libremente combustibles para distribuirlo en el país, pero
con el nuevo mecanismo que pretende poner en marcha el gobierno,
se da una contradicción entre lo que dice el tratado en
referencia y el decreto 94-83.
En ese sentido, el empresario argumentó que la Constitución
de la República establece que cuando hay conflicto entre
un tratado internacional y una ley del país, prevalece
el tratado.
“Entonces si nosotros procedemos a la licitación
e impedimos que la Exxon y Texaco importen, nos pueden aplicar
el tratado y habría que indemnizarlas por sus inversiones
porque equivaldría a una expropiación indirecta
y si no se les indemniza procedería a demandar a Honduras”,
indicó.
En ese orden de cosas, Facussé recomendó al gobierno
que traté de convencer a la Exxon y la Texaco que acepten
la importación y en caso contrario que se proceda a la
licitación excluyéndolos a ellos.
Una salida a esta situación es que se reforme la Constitución
de la República, se derogue la Ley de Contratación
del Estado o se denuncie el tratado firmado con Estados Unidos,
pero eso lleva un trámite bastante largo.
“Los que mas le convendría a Honduras es firmar un
tratado con Petrocaribe para comprar el combustible en las condiciones
favorables que está dando el presidente Hugo Chávez
a todo Centroamérica y el Caribe, pero eso lo tiene que
hacer el gobierno”, afirmó el presidente de los industriales.
Licitación no se detiene
Frente a los argumentos de los empresarios, funcionarios del gobierno
y representantes de la Coalición Patriótica, que
encabeza la doctora Juliette Handal, ofrecieron hoy una conferencia
de prensa en Casa Presidencial, defendiendo la legalidad de las
bases de licitación y ratificando la decisión del
Ejecutivo de finalizar el proceso.
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El gobierno defendió la legalidad de las bases de licitación |
El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, indicó que
las bases de licitación fueron sometidas a consulta en
un bufete de abogados de Estados Unidos, especialistas en tratados
comerciales, y éstos concluyeron que el documento no violenta
ningún convenio o acuerdo comercial suscrito con esa u
otra nación.
Flores Lanza indicó que la licitación internacional
de combustibles no se detendrá y recomendó a los
empresarios hondureños a no sólo limitarse a las
opiniones jurídicas de abogados del país, sino acudir
a otros expertos con más amplios conocimientos sobre este
tipo de proceso.
Por su lado, la coordinadora de la Coalición Patriótica,
Juliette
Handal, denunció que las presiones, amenazas e intentos
de las compañías importadoras de darle vuelta o
boicotear el proceso de licitación se han reactivado en
los últimos días, al punto de montar una campaña
de manipulación y desinformación.
Dijo que la Coalición Patriótica, que precisamente
este día celebró los cuatro años de haber
iniciado la campaña para reducir el precio de los carburantes
y cambiar el mecanismo de importación, acompañará
al gobierno hasta el final e invitó a los hondureños
a hacer lo mismo.
Flores Lanza indicó que el decreto legislativo que autoriza
al gobierno continuar con la licitación ya fue sancionado
por el presidente Zelaya y en los próximos dos días
será publicado en el diario oficial La Gaceta.
Una vez publicado el decreto, la próxima semana se hará
la invitación a concursar a unas 60 empresas internacionales
que han manifestado su interés en participar y pasados
los 15 días de plazo para recibir las ofertas, se hará
la apertura de las plicas en un acto abierto al público
y la prensa.
