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Tegucigalpa – En un hecho insólito que viene a generar más dudas entre la ciudadanía, el Ministerio Público decretó hoy “en secretividad” la investigación alrededor del misterioso y lujoso jet que dos pilotos mexicanos dejaron abandonado en el aeropuerto internacional de Toncontín, desde el 24 de febrero pasado.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informa que “a efecto de evitar especulaciones y desinformación respecto al caso, mantendrá la secretividad de las investigaciones tal como lo manda su Ley en al artículo 7 y se ceñirá al principio de objetividad y respeto al estado de inocencia que demanda el debido proceso, a fin de garantizar el éxito del trabajo investigativo realizado hasta este momento y de las acciones en curso hasta llegar a la comprobación efectiva de los hechos”.

El Ministerio Público ha sido objeto de fuertes críticas por la indolencia con que ha actuado en este caso y por los escasos resultados de las investigaciones que se han hecho para determinar la procedencia y los verdaderos propietarios de la misteriosa aeronave.

El Avión Jet Grumman, matrícula XB-JPL, tipo G-1159, serie 010, del año 1968, fue traído al país el pasado 24 de febrero, a las 11:13 de la noche, por los pilotos Federico Rivielo y Carlos Enrique Messner de nacionalidad mexicana, quienes al día siguiente abandonaron el país.

En su momento, el director de Aeronáutica Civil, Guillermo Seaman, confesó que uno de los pilotos le hizo una llamada telefónica e intentó sobornarlo para dejar salir la aeronave del territorio nacional.

En el comunicado, el Ministerio Público dijo que la investigación técnico jurídica de este caso es coordinada por la fiscalía especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), que ejecuta las investigaciones de campo.

Sobre la pertenencia de la misteriosa aeronave se han tejido varias hipótesis, una de las cuales es que el aparato era utilizado para el trasiego de drogas y que el día de su aterrizaje traía una fuerte suma de dólares, sin embargo, esas y otras conjeturas no han sido confirmadas ni negadas por la Fiscalía.

Recientemente el Fiscal General Adjunto, Omar Cerna, informó que la aeronave pasaría a manos del estado y en consecuencia a uso del presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, sin embargo, la Procuraduría General de la República confirmó que el aparato será subastado.

Leonidas Rosa Bautista, Fiscal General.

Aunque la Procuraduría siempre dejó abierta la posibilidad de que el avión pase a propiedad del Estado, en caso que la subasta sea declarada desierta o que los oferentes no presenten una oferta que se acerque al valor real de la lujosa aeronave.

El avión es reclamado por dos ciudadanos mexicanos, pero ambos no han presentado la documentación original que acredita su propiedad y se han limitado a entregar fotocopias de su supuesta pertenencia, las cuales el Ministerio Público ha rechazado por carecer de valor legal.

La fuente indicó que se han realizado una serie de diligencias investigativas, entre las que citó textualmente:

DILIGENCIAS REALIZADAS POR EL MP

Desde que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos y de oficio se levantara la denuncia formal en la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico el pasado 7 de marzo, se inició el proceso investigativo enviando las comunicaciones y solicitud de informes a las instituciones que de acuerdo a la ley deben conocer el estado y situación legal de toda aeronave que ingresa a suelo hondureño. Se señala que entre el día 24 de febrero al día martes 7 de marzo en que se inicio la investigación de oficio, esta fiscalía no recibió informe alguno.
A partir del día 9 de marzo se procedió al aseguramiento de la aeronave nombrando al Comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, General Venancio Cervantes, como depositario del avión y responsable de su guarda y custodia.
Una vez trasladada la aeronave a un recinto seguro ubicado en la Base de la Fuerza Aérea Hondureña, lugar donde aún se encuentra, se procedió a realizar las pruebas científicas del caso, a fin de determinar la presencia de sustancias de uso prohibido u otro tipo de material ilícito que pudiera contener o haber contenido el avión en un momento determinado.
Se han evacuado hasta este momento, como parte de las diligencias investigativas, las declaraciones del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que tuvo contacto o conocimiento con las circunstancias del vuelo. Asimismo han sido citados a la Fiscalía cada uno de los intervinientes de las empresas privadas y públicas vinculadas al proceso de aterrizaje de la aeronave.
Como parte del proceso de investigación se realizaron las respectivas entrevistas al personal de la Dirección de Migración así como la verificación de los movimientos migratorios de los pilotos responsables del traslado del avión y demás personas que de una u otra forma se han visto vinculadas.
Importante es recalcar que se ha recabado una serie de documentación, misma que ha sido proporcionada por diferentes instituciones tanto públicas como privadas, documentación que esta siendo analizada y pendiente de experticias por personal técnico en aeronavegabilidad.
Igualmente se tomó declaración de los ciudadanos de origen mexicano Carlos Ruelas García y Rodrigo Higuera, quienes solicitaron información aduciendo representar a los legítimos propietarios del aparato bimotor prometiendo presentar la documentación respectiva con posterioridad.
Se realizaron investigaciones del caso en la República de México donde la Procuraduría General puso a disposición de la Fiscalía General de Honduras la información en su poder y las diligencias hechas al respecto en ese hermano país, comprometiéndose a enviarlas una vez evacuada en su totalidad.
Durante el proceso de investigación se han recopilado fotocopias de documentos que informan de la supuesta propiedad de la aeronave; sin embargo al no estar acreditada esta información con documentos originales, se ha solicitado mediante el procedimiento de Asistencia Judicial información a la República de México, a la República Bolivariana de Venezuela y a Estados Unidos de América a efecto de verificar todos los informes relacionados con las circunstancias internas e internacionales que rodearon el vuelo para en definitiva dilucidar la situación jurídica de la aeronave y de las personas vinculadas a su llegada a territorio hondureño.

Dado que algunas fases de la investigación no dependen directamente de las instituciones nacionales, en virtud de que las Asistencias Judiciales solicitadas a los otros Estados no están sujetas a término y no está en manos de la Fiscalía General de Honduras cumplimentar las mismas, sino en la buena voluntad de los gobiernos amigos, y en base a los principios fundamentales del derecho internacional, como lo son la buena fe y la reciprocidad internacional y en el derecho interno de cada país, por lo que pedimos la comprensión de la ciudadanía y la confianza de que el Ministerio Público está realizando todos los trámites a su alcance para obtener esa información en el menor plazo posible.
En cuanto al destino final que tendrá la aeronave en nuestro país, el Ministerio Público realiza los trámites necesarios para su Declaración de Abandono en base a la Ley de Lavado de Activos en virtud de las circunstancias que rodearon la llegada del Jet a suelo patrio y de la consecuente investigación iniciada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
En relación al numeral anterior, existe una amplia colaboración y entendimiento por parte de las autoridades competentes, en este caso, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Dirección General de Aeronáutica Civil, para que el destino final de la aeronave se haga de acuerdo a la observancia de la Ley, tomando en cuenta el más alto interés nacional y en consideración a la opinión del pueblo hondureño manifestada en los debates públicos.