ANDI ratifica que licitación es ilegal, pero gobierno la defiende

   

06 de septiembre de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - El Presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, ratificó hoy que las bases de licitación para la compra internacional de combustibles que impulsa el gobierno, violenta leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Honduras con Estados Unidos, pero el gobierno salió a desmentirlo.

Adolfo Facussé, presidente de la ANDI

La ANDI y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) denunciaron el martes que existen contradicciones entre la Ley de Contratación del Estado, el decreto número 94-83 y también con la Ley de Inversiones y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (Cafta).

Por ese motivo las compañías importadoras de los carburantes y las empresas internacionales petroleras más importantes no participarán en el proceso de licitación internacional de los combustibles por estar supuestamente al margen del marco jurídico, lo cual fue negado categóricamente por la Presidencia de la República.

Facussé indicó que el documento técnico de la licitación elaborado por el consultor Robert Meyering están planteado y sustentado, pero la parte legal es la que nos “da temor porque el gobierno pretende importar la totalidad del combustible que se usa en el país, amparado en el decreto 94-83”.

Explicó que ese decreto, emitido en 1983, fue aprobado en un momento muy distinto al actual, ya que en ese instante estaban bajando los precios internacionales del petróleo y el gobierno buscaba quedarse con el diferencial para poder cubrir el déficit que generaba la importación de los carburantes.

“Ese decreto pues es ley de la República, aunque las otras instituciones como el Cohep consideran que fue derogado con la emisión de la Ley de Contratación del Estado, pero en opinión nuestra sigue vigente”, dijo.

Facussé indicó que el problema es que en este momento hay varias compañías nacionales y extranjeras operando en este negocio y en el caso de las transnacionales estadounidenses Exxon y Texaco están protegidas por el Tratado de Estímulo y de Protección Recíproca a las Inversiones suscrito por Honduras y EEUU en 1995.

Los taxistas llegaron a la Presidencia a apoyar al gobierno

Amparados en ese convenio, estas empresas han venido importando libremente combustibles para distribuirlo en el país, pero con el nuevo mecanismo que pretende poner en marcha el gobierno, se da una contradicción entre lo que dice el tratado en referencia y el decreto 94-83.

En ese sentido, el empresario argumentó que la Constitución de la República establece que cuando hay conflicto entre un tratado internacional y una ley del país, prevalece el tratado.

“Entonces si nosotros procedemos a la licitación e impedimos que la Exxon y Texaco importen, nos pueden aplicar el tratado y habría que indemnizarlas por sus inversiones porque equivaldría a una expropiación indirecta y si no se les indemniza procedería a demandar a Honduras”, indicó.

En ese orden de cosas, Facussé recomendó al gobierno que traté de convencer a la Exxon y la Texaco que acepten la importación y en caso contrario que se proceda a la licitación excluyéndolos a ellos.

Una salida a esta situación es que se reforme la Constitución de la República, se derogue la Ley de Contratación del Estado o se denuncie el tratado firmado con Estados Unidos, pero eso lleva un trámite bastante largo.

“Los que mas le convendría a Honduras es firmar un tratado con Petrocaribe para comprar el combustible en las condiciones favorables que está dando el presidente Hugo Chávez a todo Centroamérica y el Caribe, pero eso lo tiene que hacer el gobierno”, afirmó el presidente de los industriales.

Licitación no se detiene

Frente a los argumentos de los empresarios, funcionarios del gobierno y representantes de la Coalición Patriótica, que encabeza la doctora Juliette Handal, ofrecieron hoy una conferencia de prensa en Casa Presidencial, defendiendo la legalidad de las bases de licitación y ratificando la decisión del Ejecutivo de finalizar el proceso.

El gobierno defendió la legalidad de las bases de licitación

El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, indicó que las bases de licitación fueron sometidas a consulta en un bufete de abogados de Estados Unidos, especialistas en tratados comerciales, y éstos concluyeron que el documento no violenta ningún convenio o acuerdo comercial suscrito con esa u otra nación.

Flores Lanza indicó que la licitación internacional de combustibles no se detendrá y recomendó a los empresarios hondureños a no sólo limitarse a las opiniones jurídicas de abogados del país, sino acudir a otros expertos con más amplios conocimientos sobre este tipo de proceso.

Por su lado, la coordinadora de la Coalición Patriótica, Juliette Handal, denunció que las presiones, amenazas e intentos de las compañías importadoras de darle vuelta o boicotear el proceso de licitación se han reactivado en los últimos días, al punto de montar una campaña de manipulación y desinformación.

Dijo que la Coalición Patriótica, que precisamente este día celebró los cuatro años de haber iniciado la campaña para reducir el precio de los carburantes y cambiar el mecanismo de importación, acompañará al gobierno hasta el final e invitó a los hondureños a hacer lo mismo.

Flores Lanza indicó que el decreto legislativo que autoriza al gobierno continuar con la licitación ya fue sancionado por el presidente Zelaya y en los próximos dos días será publicado en el diario oficial La Gaceta.

Una vez publicado el decreto, la próxima semana se hará la invitación a concursar a unas 60 empresas internacionales que han manifestado su interés en participar y pasados los 15 días de plazo para recibir las ofertas, se hará la apertura de las plicas en un acto abierto al público y la prensa.