Aunque
los organizadores se abstienen de dar cifras, se espera que alrededor
de 100.000 personas se manifiesten en favor de una reforma legislativa
que incluya la legalización de los 12 millones de indocumentados
que se calcula viven en Estados Unidos.
Esta
marcha, a la que acudirá gente de 17 estados -la mayoría
de la costa este del país-, es la principal de una serie
de concentraciones convocadas por todo el país a lo largo
de esta semana y que esperar reunir a un total de un millón
de personas.
Además
de exigir una reforma migratoria integral, los activistas lanzarán
consignas en contra de las redadas en los sitios de trabajo y
que, según afirmaron, han aumentado tras las marchas de
abril pasado.
Para
el padre Eugenio Hoyos, un sacerdote católico considerado
uno de los líderes de este movimiento, este tipo de represalias
retrae a la gente de salir a la calle para protestar.
"Queremos
que los congresistas consideren el tema de la inmigración
como una prioridad y que no eviten abordar el asunto por razones
electoralistas", dijo Hoyos a EFE en referencia a las elecciones
legislativas del próximo 7 de noviembre, en las que se
renovará la Cámara de Representantes entera y un
tercio del Senado.
Hoyos
adelantó que en su discurso ante los manifestantes señalará
a España como un ejemplo a seguir en materia de inmigración,
"porque da más importancia al diálogo y trata
el asunto con solidaridad y compasión".
Según
Macrina Cárdenas, coordinadora legal de la Red de Solidaridad
con México, los ataques antiinmigrantes en varios estados
se han recrudecido, aunque no ofreció cifras.
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Según
la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, este
año más de 30 estados han aprobado 57 leyes
que sancionan la contratación de indocumentados o
les niegan una amplia gama de servicios sociales.
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"Queremos
una reforma migratoria amplia, justa, y rápida, que reconozca
los aportes de los inmigrantes. Sabemos que ésta es una
lucha larga y complicada, pero queremos que el Congreso actúe
sin más demoras", dijo a Efe Yanira Merino, portavoz
de la Coalición de la Capital Nacional para la Inmigración.
Agregó
que: "Aunque no logramos frenar el proyecto del legislador
(James) Sensenbrenner, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados,
sí pudimos influir en la versión que aprobó
el Senado, que es menos punitiva y mucho más realista".
La
portavoz se refería al proyecto del republicano Sensenbrenner
aprobado en diciembre pasado y que, entre otros elementos, autoriza
la construcción de un muro en la frontera sur, convierte
en criminales a los inmigrantes indocumentados y sancione a quienes
les brinden ayuda.
La
versión del Senado es la única que incluye una posible
legalización de buena parte de la población indocumentada
en EEUU.
Ambos
proyectos deben ser armonizados en un proceso bicameral. Sin embargo,
los republicanos que dominan la Cámara de Representantes
se oponen a la versión del Senado y programaron decenas
de audiencias en julio y agosto para analizar el tema.EFE
