Nada
más ocurrir los atentados contra Nueva York y Washington
del 11 de septiembre del 2001, los Gobiernos de España
y el Reino Unido, el conservador de José María Aznar
y el laborista de Tony Blair, reunieron a sus gabinetes de crisis.
Aznar
mostró su "apoyo y solidaridad" al presidente
estadounidense, George W. Bush, y Blair prometió luchar
"codo con codo" junto Estados Unidos en la "guerra
contra el terrorismo".
En
el plano internacional, ambos países fueron aliados desde
el primer momento de EEUU en su intervención en Afganistán
para acabar con el régimen talibán, acusado de dar
soporte a Al Qaeda, y en la criticada invasión del Irak
de Sadam Husein, acusado de poseer armas de destrucción
masiva y de supuestos vínculos con la red del saudí
Osama Bin Laden.
En
el plano interno, ambos países reforzaron las medidas de
seguridad, los efectivos dedicados a la investigación del
terrorismo islámico y las operaciones policiales, aunque
los británicos fueron más lejos con la modificación
de sus leyes antiterroristas.
El
Gobierno de Blair sintió lo ocurrido el 11-S como una amenaza
directa y temió un ataque contra Londres, que Scotland
Yard llegó a calificar de "inevitable".
Sin
embargo, el primer gran atentado del terrorismo islámico
internacional en suelo europeo ocurrió en Madrid.
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El
11 de marzo del 2004, 191 personas murieron y casi 1.800
resultaron heridas al explotar varios artefactos explosivos
en cuatro trenes de cercanías de Madrid.
Los
atentados, que sembraron de horror las calles de Madrid,
se produjeron tres días antes de la celebración
de elecciones generales en el país, en que las que
venció el opositor Partido Socialista.
Una
de las principales quejas del nuevo Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, cuya primera decisión
fue sacar las tropas de Irak, fue la falta de previsión
del Ejecutivo anterior ante la posibilidad de un atentado
perpetrado por fanáticos islámicos.
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Veintinueve
personas, quince marroquíes, nueve españoles, dos
sirios, un egipcio, un argelino y un libanés, han sido
procesadas por un juez español, que atribuyó la
autoría de los atentados al Grupo Islámico Combatiente
Marroquí (GICM).
En
Londres, el Gobierno laborista puso desde un primer momento en
el punto de mira de sus medidas antiterroristas al integrismo
islámico.
Con
la oposición de los grupos de derechos humanos y parte
de sus propias filas, que la calificaron de "draconiana",
el Gobierno sacó adelante la ley antiterrorista de 2001,
que permitía la detención indefinida y sin juicio
de extranjeros sospechosos de terrorismo.
Diecisiete
personas estuvieron detenidos sin cargos al calor de esa ley,
algunas durante más de tres años, hasta que la Cámara
de los Lores, máxima instancia judicial del Reino Unido,
la declaró ilegal el 14 de diciembre de 2004.
Ante
el varapalo judicial, el Gobierno presentó con carácter
de urgencia la Ley de Prevención de Terrorismo de 2005,
aprobada en marzo de ese año, que prevé la aplicación
de "órdenes de control" a sospechosos de terrorismo,
una suerte de arresto domiciliario sin cargos cuestionado también
por la Justicia pero aún en vigor.
Junto
a las medidas legales, el Gobierno de Blair reforzó la
seguridad en el Reino Unido, tanto en los transportes como en
los principales edificios públicos.
Además
se incrementaron las operaciones policiales en las que se
detuvieron a unos 700 sospechosos entre el 11-S y el 7 de
julio de 2005, cuando cuatro jóvenes británicos,
tres de origen paquistaní y uno de origen jamaicano,
hicieron explotar otras tantas bombas en tres vagones de
metro y un autobús urbano de Londres. |
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Un
año después de los ataques, que causaron la muerte
de 56 personas, incluidos los cuatro suicidas, y más de
700 heridos, la Policía no ha podido formular cargos contra
nadie en relación con la matanza y el Gobierno británico
no ha encontrado rastro del supuesto apoyo de la red terrorista
Al Qaeda a los autores. EFE
