EEUU aún busca equilibrio entre seguridad y libertad

   

09 de septiembre de 2006

Washington - Las autoridades de Estados Unidos siguen en la disyuntiva de cómo combatir el terrorismo y, al mismo tiempo, mantener las libertades fundamentales, cinco años después de que los atentados del 11 de septiembre estremecieran al país hasta la médula.

Los estadounidenses sabían de la red terrorista Al Qaeda antes del 11-S. Sus agentes habían atentado en 1998 contra las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania, y en 2000 contra el portaaviones "USS Cole" en Yemen.

Sin embargo, los ataques sucedieron lejos, en países que la mayoría de los estadounidenses no sabían ni dónde estaban.

El derrumbe ahora hace cinco años de las Torres Gemelas, en el corazón financiero del país, en Nueva York, lo cambió todo.

Fue un hecho sólo comparable al bombardeo por sorpresa de Pearl Harbor por parte de Japón. La reacción de EEUU en 1941 fue la declaración de guerra y en 2001 la administración del presidente George W. Bush respondió de una forma no menos visceral.

En redadas inmediatas, la policía detuvo a más de 700 extranjeros originarios de países en Oriente Medio. Muchos no vieron a un abogado durante días o meses y algunos sufrieron maltratos. La mayoría de ellos acabó deportada.

Bush se atribuyó otros poderes extraordinarios más duraderos. Pocos días después del 11-S autorizó a la Agencia Central de Información de EEUU (CIA) a mantener en cárceles secretas en el extranjero a los presuntos miembros de alto nivel de Al Qaeda que cayeran en sus manos, según ha confirmado el Gobierno esta semana.

A otros sospechosos de menor importancia los llevaron a Guantánamo, que se convirtió en una cárcel a la que no llegaban ni la ley estadounidense, ni el derecho internacional, pues EEUU no aplicó las Convenciones de Ginebra, que ofrecen ciertas protecciones a los prisioneros de guerra.

En 2002, Bush también dio permiso a la Agencia de Seguridad Nacional para intervenir las comunicaciones de los estadounidenses sin permiso judicial.

Hubo otros actos extraordinarios de poder ejecutivo, como la detención sin cargos durante tres años de José Padilla, un ciudadano estadounidense sospechoso de querer detonar una bomba radiactiva. Fue acusado formalmente en 2005, pero sigue en la cárcel.

La reacción de la Casa Blanca a la crisis causada por el 11-S no ha sido inusitada, según los historiadores.

El presidente Abraham Lincoln suspendió durante la Guerra Civil el hábeas corpus, que permite a un detenido recurrir a un tribunal para cuestionar la legitimidad de su arresto.

Durante la I Guerra Mundial, se prohibió criticar a las fuerzas armadas de EEUU.

Las prohibiciones son pues propias de tiempos de guerra. Pero, a diferencia de lo que pasó hasta ahora, la guerra contra el terrorismo es un conflicto sin un final a la vista.

"Como país, estamos muy lejos de encontrar el equilibrio entre la defensa adecuada del territorio y el respeto a los derechos civiles", dijo Phillip Crowley, ex asesor del presidente Bill Clinton para asuntos de seguridad nacional.

Cinco años después de los atentados del 11-S, el péndulo parece moverse del poder de "gran hermano" del Estado hacia un mayor respeto a las libertades individuales.

La opinión pública comenzó a cambiar tras los escándalos de torturas en la prisión bagdadí de Abu Ghraib y Guantánamo, descubiertos después de que la Casa Blanca autorizara el uso de métodos más agresivos en los interrogatorios a sospechosos.

Además, muchos estadounidenses se dieron cuenta del impacto en su propia vida del nuevo poder del Estado.

Jason Ackleson, profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México, lo ha notado en el ámbito académico.

El endurecimiento de la concesión de visados ha dificultado la entrada a EEUU de académicos y científicos "que nuestro país necesita de forma acuciante para mantener la competitividad en la economía global", dijo.


John Dimitri Negroponte.

Al mismo tiempo, los poderes Legislativo y Judicial han despertado de su letargo. El Congreso aprobó el año pasado una norma que prohíbe la tortura y el Tribunal Supremo determinó que EEUU debe respetar las Convenciones de Ginebra.

Poco después del 11-S, el entonces fiscal general, John Ashcroft, advirtió en una comparecencia ante el Congreso: "a los que asustan a las personas que aman la paz con fantasmas de libertad perdida, mi mensaje es el siguiente: vuestras tácticas sólo ayudan a los terroristas". Ahora la Casa Blanca ya no habla así. EFE