Uno de los miembros de la Alianza , dijo que se recibió
un anónimo en Radio Santa Rosa y que algunos amigos de
monseñor Luis Alfonso Santos le han informado que debe
estar preparado porque hay personas interesadas en hacerle algún
daño que puede ser físico o de otras formas.
“No queremos precisar que sector es el responsable de las
amenazas porque la agenda de la Alianza implica once puntos, lo
que indica que son diferentes intereses, que van desde la minería
hasta los temas de los pueblos indígenas, entonces no queremos
pecar en las imprecisiones, en señalamientos que no van
en este momento”, expresó.
El representante de la Alianza, cuyo nombre no se precisó
por motivos de seguridad, no descartó que las amenazas
vengan de sectores vinculados a cualquiera de los temas que están
manejando en la agenda.
La Alianza agradeció la solidaridad del Comisionado, luego
de emitir un comunicado de respaldo y de solicitar al gobierno
que “adopte las medidas que sean necesarias para garantizar
la integridad física, psíquica y moral de las personas
que se sienten amenazadas por defender el derecho a un medio ambiente
sano”.
El CONADEH urgió de las autoridades competentes la debida
investigación del caso para dar con los responsables de
las amenazas contra el Obispo de Copán y otros miembros
de la Alianza Cívica.
El próximo 02 de octubre, el Comisionado de los Derechos
Humanos, Ramón Custodio, se reunirá con los miembros
de la Alianza Cívica para escuchar sus planteamientos y
darles a conocer el resultado preliminar de la investigación.
La Alianza Cívica por la Democracia exige la abolición
del decreto 292-98, que contiene la Ley General de Minería;
la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública ; que no se construya la Represa
Hidroeléctrica El Tigre; cancelar los permisos de explotación
forestal en el Occidente de Honduras y aprobar la Ley Forestal
, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
Asímismo, la Alianza exige la pavimentación de las
carreteras San Marcos – Virginia y desvíos a las
cabeceras municipales, el tramo Gracias – La Esperanza,
el de la Esperanza-San Antonio Intibuca, desvió a Sensenti.
Además, exigen la apertura de tramo Tomalá –
Guanajulque y la remoción del diputado Arnoldo Avilés
de la Comisión de Dictamen de la Ley de Minería.
El pasado 24 de agosto de 2006, el Presidente de la República
y su gabinete se reunieron con la Alianza Cívica por la
Democracia para encontrarle soluciones a las demandas planteadas.
Sobre la petición de la Alianza para que se abandone el
proyecto de construcción de la Represa el Tigre, el gobierno
mantiene su determinación de realizar consultas y estudios
en la zona, para tomar una decisión en base a estos elementos.
Con relación a que se emita un decreto de veda a la explotación
comercial e industrial del bosque a nivel nacional, el gobierno
mantiene su posición de decretar vedas en sectores donde
se amerite.
Ante la petición de derogar la Ley de Modernización
Agrícola, el gobierno es del criterio que la misma debe
reformarse y finalmente, con relación a que se derogue
la Ley de Minería, el gobierno está a la espera
de la declaración de inconstitucionalidad solicitada ante
la Corte Suprema de Justicia, desde el 10 de marzo del 2006.
