24 de septiembre de 2006
Por Orfa Mejía
Proceso Digital

  • En menos de ocho meses han desertado ocho altos funcionarios, algunos por serias denuncias de corrupción

Tegucigalpa - El Gobierno del presidente, Manuel Zelaya, está rompiendo "récord" al registrar la salida de ocho de sus funcionarios, en los primeros ocho meses de administración, que se cumplen el miércoles 27 de septiembre.

Las renuncias reflejan la crisis que enfrentan varios sectores de la administración pública, principalmente en el área de la salud, donde se ha registrado el mayor número de dimisiones.

También son el reflejo, según analistas, de la "improvisación" que ha marcado a la administración del presidente Zelaya, desde que asumió el poder el 27 de enero pasado.

La crisis en el sector salud es más que evidente: los empleados iniciaron el año reclamando el cumplimiento de incrementos salariales, lo que ha mantenido paralizado el sector casi de forma permanente.

La escasez de medicamentos en los centros hospitalarios es crítica, así como el pésimo estado de las instalaciones del hospital Escuela, el más grande de la red hospitalaria, integrada por 24 hospitales a nivel nacional.

A los problemas en el área administrativa se suman los pleitos por el poder y las presiones de miles de activistas políticos que ven en esa Secretaría, una de las principales fuentes de empleo en la administración pública.

Zelaya registró "la primera baja" el 17 de abril, fecha en la cual el secretario general de la secretaría de Salud, Denis Castro Bobadilla, anunció su salida del cargo.

Castro dijo entonces que se iba por "asuntos estrictamente personales" y una supuesta "incompatibilidad" del cargo con su formación como médico forense y profesional del derecho.

Aunque no lo estableció claramente, Castro dejó entrever entonces que también su salida obedeció a presuntos actos ilícitos en el interior de esa dependencia estatal, dirigida en ese entonces por el ministro Orison Velásquez, con quien mantenía fuertes divergencias.

"En mi concepto las situaciones que son irregulares e ilegales van en contra de mi propia convicción profesional, yo recuerdo que todo funcionario hace una promesa constitucional que para mi es seria: promete ser fiel a la República , a la Constitución y las leyes de Honduras, bajo ese concepto uno no es fiel a una persona, sino al país, al servicio de la nación", señaló Castro el día que anunció su retiro del ministerio de Salud.

En ese entonces, Velázquez estaba siendo cuestionado por anular el acuerdo que el gobierno anterior suscribió con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para manejar el proceso de licitaciones y compras de medicinas.

A Castro le siguió el director del hospital Escuela, Mario Noé Villafranca, quien dejó el cargo el 1 de julio, tras un largo enfrentamiento con el ministro Velázquez.

El enfrentamiento tuvo su "punto culminante" cuando Noé Villafranca hizo público un informe sobre la crisis del hospital Escuela, lo que al parecer molestó a Velázquez, quien se oponía a la publicación de ese tipo de informaciones.

Pero el conflictivo ministro no logró permanecer mucho tiempo en el cargo, y a pesar de su cercana amistad con el presidente Zelaya, anunció el 22 de julio que abandonaba el barco del "Poder Ciudadano".

Velázquez fue, en su corto paso por la secretaría de Salud, el funcionario más conflictivo de la administración Zelaya.

La crisis en el ministerio de Salud continuó a pesar de la salida de Velázquez, y el nombramiento temporal en el cargo de Yeny Meza, a quien muchos de sus subalternos la califican como "una mujer muy bien intencionada", pero sin poder para enfrentar la grave crisis de la institución que dirige.

Esa "buena voluntad" fue reconocida hoy por el actual director del hospital Escuela, Manfredo Turcios, quien anunció que dejará el cargo a partir del 1 de octubre.

Turcios trajo a la mesa de discusión un elemento más para el análisis de la crisis en el sistema hospitalario, y que él calificó de "insostenible".

Expresó que una de las tantas causas de la crisis en el hospital Escuela es que hay en su interior muchos grupos de poder. "Y me estoy refiriendo a grupos profesionales, a grupos organizados gremiales, me estoy refiriendo a sindicatos y hasta departamentos dentro del hospital", declaró.

El médico reveló que cuando se presenta una situación irregular y se manda a investigar "inmediatamente surgen los grupos de contra ataque, que desencadenan una serie de ataques empezando por la denigración personal hasta la denigración profesional".

Crisis en el campo energético

Otra de las crisis más evidentes en la administración Zelaya es la que se vive actualmente el sector energético.

La empresa emblemática de ese sector, la ENEE , está en quiebra, según lo reiterado por el mismo presidente Zelaya en varias de sus comparecencias públicas.

Al inicio de su administración, Zelaya nombró como gerente de la institución al conocido empresario Juan Bendeck, con quien se suponía haría frente a la crisis.

Pero no fue así. Según fuentes cercanas al gobierno, Bendeck decidió abandonar el cargo a tan solo cinco meses de haberlo asumido, por divergencias con grupos económicos y otros funcionarios cercanos al mandatario en lo referente a las políticas energéticas del país.

Se conoció que una de las situaciones que más molestó a estos grupos cercanos al jefe de gobierno fue la negación de Bendeck al otorgamiento de un millonario contrato a una empresa extranjera para que elaborara un diagnóstico de la situación económica y administrativa de la empresa.

Tras la salida de Bendeck, se nombró en el cargo al empresario de la zona norte, Leo Starkman, considerado por muchos como "uno de los hombres más cercanos al presidente".

Starkman, quien se desempeñaba hasta entonces como ministro de Inversiones, no tuvo mucho tiempo al frente de la institución, ya que días después de su nombramiento, la Presidencia nombró una comisión interventora para buscar soluciones a la problemática.
Según informes de la prensa local, desde entonces Starkman no tenía ninguna función administrativa en la ENEE , pero si de asesoría a la junta interventora.

Starkman dejó el cargo el viernes de la semana anterior, obligado por publicaciones de prensa referentes al manejo administrativo de una de sus empresas, que adeudaría unos 30 millones de lempiras.

El ex funcionario también era investigado por la Fiscalía Contra la Corrupción por el supuesto otorgamiento y pago de un jugoso contrato de consultoría por 850 mil lempiras al consultor Julio César Anariba Quiñónez

La denuncia provino del mismo Partido Liberal, específicamente de los consejos municipales del Distrito Central, quienes han realizado auditorías a varias instituciones del Estado.

Según las bases liberales, el gerente de la ENEE contrató al consultor Anariba Quiñónez para que en un espacio de dos meses elaborara informes técnicos, a cambio del pago de 850 mil lempiras.

Otros que dejaron el barco
Otro que dejó el cargo en julio fue el ex coordinador de la campaña electoral de Zelaya y ex ministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, supuestamente por divergencias con el gobernante en cuanto a la aplicación de las cláusulas salariales del Estatuto del Docente.

El Gobierno negó estas versiones al señalar que el funcionario fue removido para enviarlo como representante de la región centroamericana ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pino fue con el mandato de impulsar el proceso de condonación de unos 1.500 millones de dólares que el país adeuda al organismo financiero internacional. E

En su lugar fue nombrada Patricia Rebeca Santos, una funcionaria cercana al gobernante que estuvo presa en la cárcel de mujeres de Támara por su supuesta participación en el escándalo del “Chinazo”, durante el gobierno del fallecido Carlos Roberto Reina.

Santos ha logrado sortear con éxito su oscuro pasado y se mantiene firme en la Secretaría de Finanzas a pesar que sectores de la oposición política han cuestionado su nombramiento en ese relevante cargo del Estado. Ella cuenta con el respaldo del presidente Zelaya.

Denuncias la botan
En septiembre, la gerente del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Rosario Godoy de Osejo, fue separada del cargo, tras una larga disputa con el sindicato de la institución, que denunció irregularidades en el manejo de programas en favor de la infancia.

Durante su permanencia en el cargo, Godoy de Osejo protagonizó fuertes enfrentamientos verbales con los sindicalistas a través de diferentes medios radiales, lo que, al parecer, aligeró su caída.

Tras una serie de investigaciones del supuesto mal manejo del programa "Calzando y uniformando los niños de Honduras", el Consejo Directivo del PANI decidió, el 4 de septiembre, la separación definitiva del cargo.

En su lugar, se nombró a la amiga personal y paisana del presidente Zelaya, Gladis Mejía, una profesional de la química y farmacia.

Uno de los últimos en dejar el cargo "por razones personales", como lo hicieron todos sus antecesores, es el ex gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), y conocido dirigente del Partido Liberal en la zona norte, Manuel Arriaga Yacamán.

Al anunciar su retiro, Arriaga Yacamán desmintió versiones informativas referentes a que dejaba el cargo debido a presiones ejercidas por sectores empresariales o políticos de la zona norte.


"Mi salud no permite seguir al frente de esta dependencia en donde le he servido con lealtad al presidente Manuel Zelaya Rosales", aseveró en ese momento.

De continuar esa tendencia de renuncias obligadas y por “motivos personales”, el gobierno de Zelaya quedará en la historia como uno de los más débiles y más inconstantes de la historia republicana del país.