27 de septiembre de 2006
Redacción Proceso Digital

  • Hay una intención de fomentar la inversión, pero falta una política mas clara en ese sentido, señala presidente del Cohep, Mario Canahuati

Tegucigalpa - En el mar de confrontaciones que vive la sociedad hondureña, reflejada en demandas salariales de los gremios públicos al gobierno, así como las diversas reivindicaciones de otros, comenzó a perfilarse claramente una situación que provoca profundad inquietud en la comunidad empresarial, un sector que llama usualmente a la tranquilidad y es un apoyo tradicional a las administraciones presidenciales, sin distinguir el color político.

Lo que comienza a inquietar a la patronal hondureña es lo que en forma privada llaman el "cambio en las reglas del juego", uno de los temas sagrados para todo inversionista, ya que aducen que solo teniendo claro el panorama puede hablarse de desarrollar proyectos productivos y con ello arriesgar capitales.

Aunque públicamente se niegan a externar que existe un cambio en el patrón de reglas, si manifiestan su preocupación por la tendencia que se dibuja desde el gobierno hasta diversos sectores de la sociedad.

“Hay una intención de fomentar la inversión, pero falta una política mas clara en ese sentido”, dijo a Proceso Digital el presidente del poderoso e influyente Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Mario Canahuati, al ser consultado sobre esa situación.

El tema que más salta a la luz pública es la llamada licitación de combustibles, punta de lanza de la administración de Manuel Zelaya en su programa económico, y donde el gobierno pretende cambiar imprevistamente las reglas del juego en un sector importante y a la vez delicado de la economía nacional.

Zelaya pretende eliminar un modelo de gestión que por casi 80 años un grupo de empresas han trabajado para asegurar el abastecimiento de combustibles, para entrar al terreno desconocido de licitar la compra de carburantes y que el operador que gane se dedique a suministrar los derivados del petróleo.

La idea central del presidente es cumplir una promesa de campaña electoral en que prometió reducir los precios de los combustibles al consumidor y los asesores, junto a una llamada Coalición Patriótica prometieron que la licitación reduciría los mismos al eliminarse la cadena de distribución y los márgenes de ganancia se traducirían en valores menores a pagar de parte de los usuarios.

Mario Canahuati

Pero la medida ha chocado con la oposición de la embajada de Estados Unidos en Honduras, de las compañías distribuidoras de combustible y de los organismos empresariales, que ven como se cercena una actividad vital de la libre competencia para dar paso a un monopolio estatal en la que no se está seguro si ofrecerá un suministro seguro y a precios bajos.

“La licitación particularmente es el tema que de alguna manera ha preocupado a los inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó Canahuati, quien apuntó que el gobierno tiene dos compromisos importantes: garantizar el ambiente de inversión para poder estimular el crecimiento económico y traer oportunidades que ayuden a combatir la pobreza.

“El reto que tiene el gobierno en este tiempo tan importante para poder motivar la inversión, es saber manejar su compromiso con el país, atendiendo lo fundamental y que ellos establezcan la agenda de inversión propicia para estimular nuevas inversiones”, dijo.

El gobierno ha dado mensajes contradictorias sobre este tema, mientras el ministro de la Presidencia Yani Rosenthal afirma que sólo podrá importar el ganador de la licitación, otros señalan que sólo serán un actor más en el mercado de combustibles.

El presidente Zelaya no ha sido contundentemente claro al señalar cual será el camino que se seguirá en esta materia.

Las compañías importadoras y distribuidoras de combustibles han sido claras que no participarán en la licitación y que en caso de ser marginadas de la misma pedirán una indemnización de 300 millones de dólares, que corresponde a las inversiones realizadas en los últimos años.


Manuel Zelaya.
Sobre esta situación, el presidente del Cohep indicó que el empresariado hondureño está consciente de la necesidad de buscar alternativas para reducir los altos costos del petróleo que impactan en la economía familiar, pero considera que debe hacerse bajo un esquema que permita estimular la inversión y promocionar a Honduras en rubros como el turismo, la agroindustria y la actividad forestal.

Otro aspecto que los empresarios ven con preocupación es el mensaje nacionalista que ha venido sosteniendo el presidente Zelaya en contra de la economía de mercado y las fuertes críticas contra del proteccionismo de la Comunidad Europea en rubros como el banano, ya que eso puede tener repercusiones para el país.

"Hoy se quiere vender una política de un mercado libre pero que al final termina siendo una política económica despiadada, insensible, proteccionista", se quejó el gobernante en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Electricidad
Otro sector que también detecta el cambio en las reglas de juego es el de generación eléctrica, vital como los derivados del petróleo para sustentar la actividad económica y el bienestar de la población, así como asegurar la expansión de los mismos.

El presidente Zelaya ha proclamado que la empresa estatal está quebrada y propone como solución cambiar el esquema de generación térmica, actualmente la principal fuente, a uno de producción hidroeléctrica y otras fuentes renovables.

Asimismo, se responsabiliza indirectamente a las compañías privadas térmicas de la crisis de la ENEE , con pérdidas anuales superiores a los 1,000 millones de lempiras, por cobrar un monto fijo por mantener las plantas en estado de disposición, así como lo que llaman los elevados precios del kilowatts/hora que cobran.

Para ello, desde el gobierno se impulsa una revisión de los contratos energéticos firmados en administraciones anteriores, a fin que la solución a los ingresos de la ENEE pase por las generadoras, mientras la compañía estatal no presenta planes como reducir las pérdidas técnicas de la energía que recibe y que no pueda trasladar formalmente a los consumidores.

Las pérdidas llegan hasta el 25 por ciento, según diversos estudios de la misma ENEE, así como estimaciones de técnicos independientes contratados para estudiar el modelo de gestión de la empresa de electricidad.

Minería y tierras
En el campo de la minería también se observa un cambio en las políticas públicas, ya que existe una presión de varios sectores gremiales para anular la actual ley de Minería que regula la actividad de las empresas dedicadas a la extracción de metales.

Pero varios sectores proclaman abiertamente el cese de las actividades mineras en el país, argumentando que daña el ambiente y afecta a la población.

El propio presidente Zelaya había proclamado en su discurso de toma de posesión que no concedería nuevos permisos para la actividad de la minería a cielo abierto, sin dejar claro si afectaría las expansiones de las empresas que ya operan con dicho mecanismo.

La Asociación Nacional de Mineras de Honduras (Anaminh), que aglutina a las empresas del sector y que son esencialmente empresas extranjeras, han lanzado una campaña de promoción pública al observar que son objetos de ataques.

Iguales situaciones ocurren en el sector forestal, como la agricultura, donde el presidente Zelaya ha lanzado campañas donde se demoniza la actividad de empresas forestales y prometió a los campesinos un relanzamiento de la reforma agraria, que fue inmediatamente rechazado por la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), por considerar que agregaría mayor tensión al campo y reduciría los exiguos niveles de inversión en dicho sector.

En el turismo se ha observado también un cambio, a pesar de ser uno de los principales generadores de divisas y empleos, y en lugar de impulsar Bahía de Tela se ha apostado por el estancamiento, desapareciendo la presencia del país en las ferias internacionales y otros circuitos del sector.

El martes Honduras fue degradado cuatro escalones en el ranking mundial de Cómo hacer negocios en el 2007, elaborado por el Banco Mundial, al pasar del puesto 107 al 111 en la lista de países que ofrecen mejores condiciones y ambientes a los inversionistas para realizar sus negocios.

Esto es otra campanada de alerta para los que están al frente del campo económico del país.

Ejecutivo respeta libre empresa
Consultado sobre el tema, el vicepresidente de la República , Elvin Santos, indicó que en el tema de combustibles el gobierno ha mantenido los foros abiertos para discutir los diferentes planteamientos de los sectores interesados.

“El sector de la empresa privada, así como los demás sectores tiene los foros abiertos y tienen la amplitud para expresar sus opiniones, al grado que llegan a ofertar iniciativas propias como lo ha hecho el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé ”, dijo.

En torno a las críticas a la política de inversiones de la actual administración, Santos se defendió diciendo que el fomento a la libre empresa y el respeto a la inversión seguirá siendo considerada como una prioridad por el gobierno del presidente Zelaya y el resto del equipo de gobierno que trabaja en temas como la licitación de carburantes.


Elvin Santos.

“Lo que la empresa en este momento hace, nosotros lo tomamos como una aportación valiosa que tendrá que ser evaluada, como efectivamente se está haciendo, con el propósito ulterior final de que cuando se dé el proceso de licitación, sea un proceso que conlleve no solo la transparencia sino la legalidad”, apuntó.

El alto funcionario negó que el gobierno esté cambiado propiamente las reglas de la inversión privada en el país, pero reconoció que está adoptando “cambios en la dinámica de enfrentar los problemas”.

“No se trata de transmitir inestabilidad en la inversión, se trata de crear suficientes lineamientos y reglas del juego que permitan que desde un inicio se conozcan y que se sepa que hay que proteger al consumidor, que hay que fomentar la libre empresa y que hay que fortalecer la inversión como único mecanismo para que el país avance”, concluyó.