28 de septiembre de 2006
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa - Las autoridades diplomáticas de Estados Unidos confirmaron hoy que el secretario de Gobernación y Justicia de Honduras (Ministerio del Interior), Jorge Arturo Reina, no tiene visa vigente para ingresar a territorio estadounidense por supuestos actos de “terrorismo” que no precisaron.

La información fue proporcionada por el cónsul general de la embajada de EEUU en Tegucigalpa, Iam Brownlee, durante una reunión con los directores de los medios de comunicación del país, en la que también estuvo presente el embajador Charles Ford.

Según Brownlee, Jorge Arturo Reina no es elegible para ingresar a EEUU, de acuerdo a la Ley de Migración de su país por supuestos actos de terrorismo no precisados.

Explicó que por un periodo de años el actual ministro de Gobernación (o del interior) ha solicitado el visado para entrar a EE UU, pero solo se le han extendido permisos especiales en varias ocasiones.

A principios de esta semana, Reina admitió que efectivamente no contaba con el salvoconducto para ingresar a aquella nación.

Reina, hermano del ex presidente Carlos Roberto Reina, ya fallecido, recordó que en los años 70 se le acusó de haber colocado una bomba en la base aérea de Palmerola, en el central departamento de Comayagua, en donde se encuentran asentadas las fuerzas militares estadounidenses.

El funcionario negó su participación en esa acción y dijo que debido a que la misma no tenía correspondencia con la verdad las autoridades judiciales le exoneraron del hecho y le mandaron a su casa una especie de sobreseimiento.

Consultado por los periodistas si la decisión de no concederle la visa a Reina obedecía a ese hecho pasado, el cónsul estadounidense se limitó a decir que “las ideas no son las malas sino las bombas” y “el lugar en donde ocurrieron los actos no importa”.

Caso Callejas
Por otro lado, Brownlee indicó que la misma sección 212-F de la Ley de Migración que se le aplicó al ex fiscal general adjunto, Yuri Melara, para cancelarle la visa, fue la que se le aplicó al ex presidente Rafael Leonardo Callejas, deportado la semana pasada de EE UU por ese motivo.

Aclaró que ambos casos la cancelación del permiso de entrada a territorio estadounidense es por tiempo indefinido y por cinco años como dijo en su momento el ex gobernante.

Apuntó que para denegar una visa basta tener las evidencias o los indicios racionales de corrupción y no necesariamente las pruebas.

Por su lado, el embajador Charles Ford manifestó que lo importante de estas decisiones es que con ello se está contribuyendo a fortalecer la democracia y combatir la corrupción.

“Es justo lo que hicimos a ver si así se levantan hombres y mujeres (dispuestos) a atacar la corrupción”, afirmó.

El diplomático negó que exista una lista de funcionarios “desvisados” y que los cooperantes están tratando de influenciar en la política interna del país para combatir la corrupción.

Consultado sobre su opinión en torno a un posible nombramiento a un cargo diplomático del político liberal Aníbal Delgados Fiallos, a quien EE UU le canceló su visa por “terrorista”, el embajador Ford dijo que “ese es un juicio del gobierno que nos indica su valoración de nuestra decisión”.