La
reunión, celebrada del 29 de septiembre al 3 de octubre
en el Hotel Camino Real, de Ciudad de México, destinada
a revisar la situación de la libertad de prensa en el hemisferio
occidental, también aprobó 26 resoluciones, entre
otros temas, sobre Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú,
Uruguay, Venezuela, que serán enviadas a las autoridades
de esos países.
La asamblea contó con la asistencia de más de 700
personas, entre periodistas, directores, editores, ejecutivos
de medios de comunicación y estudiantes. La próxima
cita de la SIP está prevista para marzo de 2007 en Cartagena,
Colombia.
A
continuación el texto íntegro de las Conclusiones
de la SIP:
La vigencia de la libertad de prensa experimentó un grave
retroceso durante el último semestre en las Américas,
donde nueve periodistas fueron asesinados y una escalada de amenazas
de muerte y agresiones de todo tipo se abatió sobre decenas
de medios y reporteros de todo el continente.
Tres periodistas murieron en Venezuela, tres en Colombia, dos
en México y uno en Guatemala. Un reportero desapareció
y no ha sido localizado en México durante el período
y otros permanecen desaparecidos desde períodos anteriores.
La lista de periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos
12 meses ascendió a 15.
Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información, advirtió de que
estos asesinatos demuestran que “los esfuerzos de los diferentes
estados americanos tienen pocos frutos en la lucha contra la impunidad
en los crímenes contra periodistas”.
Marroquín
hizo un llamado a “la unidad gremial” y a las sociedades
civiles del continente “para que se sumen en la lucha por
defender la libertad de expresión de nuestros pueblos”,
ante la gravedad de la situación.
Cuba (donde la cifra de periodistas encarcelados con penas de
hasta 27 años de prisión asciende ahora a 26), Venezuela,
Colombia y México encabezan la nómina de naciones
donde el ejercicio del periodismo es más peligroso.
En México, la tarea periodística, particularmente
en la frontera con Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más
peligrosa. Muchos periodistas viven amordazados y amenazados.
El narcotráfico ha corrompido a policías locales,
estatales y federales, a alcaldes, jueces, maestros y sacerdotes,
a conductores de taxis y a empleados de hoteles y, también,
a periodistas. Desde 1982, 53 reporteros y columnistas mexicanos
has sido asesinados. Desde el 2000, la cantidad de asesinatos
de periodistas asciende a 23 y otros tres permanecen desaparecidos.
Además, la libertad de prensa es restringida en diversas
regiones del país, donde autoridades locales se resisten
a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes,
a los que presionan políticamente, los acosan con acciones
de presunto carácter legal o incluso los agreden físicamente.
En Venezuela, la libertad de expresión, los medios de comunicación
y los periodistas enfrentan un marco legal y situaciones de hecho
cada vez más restrictivas para el ejercicio del periodismo.
El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sin ser molestados
a causa de sus opiniones, a recibir informaciones y a difundirlas
por cualquier medio de expresión está siendo sistemáticamente
vulnerado por el gobierno.
En un estadio diferente al que se vive en Colombia, Cuba, México
y Venezuela (porque no aparece la brutalidad de la muerte), pero
no por ello menos preocupante, las más diversas acciones
de hostigamiento contra el trabajo de medios y periodistas, el
acoso físico y verbal y la aplicación de métodos
sutiles pero efectivos en procura de amedrentar a los profesionales,
se multiplicaron en forma alarmante en la mayoría de los
países durante el semestre.
Una costumbre que parece estar expandiéndose en las Américas
es el señalamiento público desde la cúspide
del Poder Ejecutivo a los medios y periodistas que “molestan”.
Eso lo hacían hace 30 años las dictaduras militares
que asolaron la región pero incluso, hasta por eso mismo,
era más sencillo que todo el mundo entendiera que había
allí un intento por cercenar la libertad de prensa. En
cambio, cuando esa práctica es asumida por gobiernos surgidos
de elecciones libres y justas, la comprensión de las sociedades
en cuanto a que estos también significan sistemas de acoso
que restringen severamente la libertad de informar y el derecho
del público a ser informado, se hace más difícil.
Como ha escrito el periodista argentino Joaquín Morales
Solá en el diario “La Nación” de Buenos
Aires sobre lo que ocurre en su país, en Argentina no existen
decretos ni resoluciones que atenten contra la libertad de expresión
y, sin embargo, “hay cada vez menos” libertad de expresión
en Argentina y “muy pocas veces se vivió un clima
de tanta asfixia desde la restauración democrática,
hace casi 23 años”.
Así, en países con gobiernos legítimamente
electos, como los de Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Uruguay
y Venezuela, funcionarios de alta jerarquía se han encargado
de señalar públicamente a medios concretos cuyas
informaciones u opiniones les incomodan. Estos gobiernos parecen
olvidar que si un presidente u otro gobernante ataca a un medio
o a un periodista y lo tilda públicamente de “enemigo”
u “opositor no electo”, además del propósito
claro de mellar su credibilidad, está alentando a que funcionarios
de cualquier jerarquía pero con el poder estatal suficiente
procedan contra esos medios o periodistas. Esto ya ha comenzado
a suceder en varios de esos países.
En Argentina, eso es muy claro. Casi desde que asumió el
poder, hace tres años, el presidente Néstor Kirchner
señala cada vez que puede, con nombre y apellido, a determinados
medios y periodistas, en actos públicos que predisponen
a las masas en contra de esos medios y periodistas. Las consecuencias
son amenazas más o menos anónimas contra esos medios
y periodistas, así como el surgimiento de grupos violentos
afines al presidente que, al mejor estilo de las bandas fascistas
de antaño, ejercen actos intimidatorios contra la prensa
no adicta. “Las palabras violentas preceden a los actos
violentos”, ha escrito Morales Solá.
Esto se repite, con mayor o menor intensidad, con los gobiernos
de Bolivia, Colombia, Honduras, Uruguay y Venezuela. En los casos
de Bolivia, Colombia, Honduras y Uruguay, los propios presidentes
han asumido personalmente la tarea de confrontar públicamente
con medios de comunicación y periodistas, evidenciando
rasgos de autoritarismo que demuestran su incapacidad para adecuarse
al funcionamiento de la prensa independiente. En particular, en
Bolivia el gobierno del presidente Evo Morales está creando
su propia red de medios de comunicación con el supuesto
apoyo financiero del gobierno de Venezuela.
La “guerra contra el terrorismo” sigue cobrándose
víctimas en el campo de la libertad de prensa. El gobierno
de Estados Unidos ha mantenido detenidos por períodos prolongados
a reporteros en Irak sin presentar cargos contra ellos y ha criticado
directamente a los medios para que no revelen información
que es considerada “sensible”. En esa línea,
algunos tribunales de justicia estadounidenses siguen aplicando
mano dura contra los periodistas que se rehúsan a revelar
sus fuentes informativas. Seis de ellos fueron multados o enviados
a prisión por ese motivo en el último año,
con penas de hasta 18 meses de cárcel.
Durante el semestre, las intimidaciones de todo tipo contra periodistas
provenientes tanto desde el poder estatal como de organizaciones
criminales, han proliferado como hongos. Sólo en Colombia,
en los últimos seis meses 45 periodistas fueron amenazados
de muerte. Esto se repitió en Brasil, donde una veintena
de periodistas y empleados de medios de comunicación recibieron
amenazas de muerte, fueron mantenidos como rehenes o fueron agredidos
a golpes, dos periódicos fueron invadidos por policías
para terminar uno incendiado y el otro confiscado, la justicia
censuró a un diario, requisó una revista, prohibió
informar sobre una conversación entre dos políticos
y obligó a dos diarios a publicar textos desproporcionadamente
extensos como “derecho de respuesta”, y dos periodistas
fueron baleados. Además, cinco periodistas guatemaltecos,
cuatro paraguayos, tres peruanos, dos argentinos y uno uruguayo
recibieron amenazas contra sus vidas, un reportero de Guatemala
fue baleado, dos periódicos ecuatorianos y uno paraguayo
fueron atacados a tiros, y las Cortes de Justicia de Costa Rica,
Perú y Uruguay adoptaron decisiones netamente contrarias
a la vigencia de la libertad de prensa. En México, por
primera vez fueron atacados a tiros y con explosivos las sedes
de cuatro periódicos.
La distribución arbitraria de la publicidad oficial sigue
siendo un problema muy serio en Argentina, donde el gobierno continúa
con su política de utilizar los recursos públicos
para “premiar” a los medios afines y “castigar”
a los críticos o independientes. En Chile, este tema comenzó
también a preocupar al Parlamento, que decidió investigar
cómo se distribuye la publicidad estatal.