Un
reparo por similar cantidad de dinero fue confirmado también
en contra de la ex directora del Instituto Nacional de Jubilaciones
y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y ex diputada,
Gloria Oquelí, quien se desempeñó en el cargo
entre 1994 y 1998 durante el gobierno del ex presidente Carlos
Roberto Reina.
Los pliegos de responsabilidades administrativas
en contra de Méndez y Oquelí surgen de una investigación
realizada por auditores del TSC, en la que se determinó
que éstos autorizaron a varias constructoras el pago de
fondos no contemplados en los contratos de construcción
de viviendas suscritos con el Injupemp.
En ese tiempo Méndez se desempeñaba
como subdirector ejecutivo del Injupemp y Oquelí como titular
de la institución.
Inicialmente el reparo formulado a ambos ex funcionarios
era por un monto de 13 millones de lempiras a cada uno, pero ambos
lo apelaron y al final el TSC determinó que éste
ascendió a nueve millones de lempiras respectivamente,
según informó el presidente del TSC Renán
Sagastume.
Sagastume indicó que los auditores del
TSC lograron determinar que ambos ex funcionarios autorizaron
el pago indebido de fondos del Injupemp que no estaban contemplados
en los contratos de construcción, con lo cual causaron
un grave perjuicio económico al Estado de Honduras.
Indicó que en su defensa Méndez
y Oquelí apelaron la resolución del Tribunal de
Cuentas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en donde
actualmente el caso se encuentra pendiente de una resolución.
El presidente del TSC dijo que si el juzgado ratifica
el fallo del TSC, los pliegos de responsabilidad civil y la resolución
judicial serán enviados a la Procuraduría General
de la República para que proceda conforme a ley para recuperar
esos dineros o inicien las acusaciones criminales en contra de
los mencionados.
Se conoció que el presidente Manuel Zelaya
tenía conocimiento de este reparo que existe en contra
del gerente del SANAA, pero a sabiendas de eso determinó
nombrarlo como titular de esa institución.
Sagastume
informó que en los últimos meses el TSC envió
a la Procuraduría General de la República varios
pliegos de responsabilidad civil en contra de ex funcionarios
del Estado por un monto de 200 millones de lempiras y otra cantidad
de responsabilidades criminales ante el Ministerio Público
por 100 millones de lempiras.