Así
lo indican las conclusiones presentadas hoy por ese órgano
jurídico de la ONU con respecto al informe periódico
del país centroamericano sobre su aplicación del
Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas.
El Comité expresó así su preocupación
por las 183 desapariciones forzadas registradas por su oficina
nacional hondureña en 1993 y por
el hecho de que la no tipificación de ese delito en el
Código Penal, "haya contribuido a la impunidad"
y a que no se investiguen estos casos.
En la evaluación emitida al término de esta sesión,
el Comité manifestó además su inquietud "por
la persistencia de un elevado número de ejecuciones extrajudiciales
de niños", que afectan principalmente a menores de
segmentos de la población económicamente vulnerables.
Ello le llevó a invitar a las autoridades hondureñas
a examinar todos los sucesos, estudiar "la posibilidad de
establecer un mecanismo independiente, como un defensor del niño"
y "campañas para sensibilizar a la población
sobre este problema".
Asimismo, ante la "alarmante proporción" de menores
de la calle, que a su juicio afrontan los mayores riesgos frente
a la violencia y al tráfico sexual, les solicitó
identificar las causas y desarrollar programas para combatirlas
e indemnizar a las víctimas.
El organismo llamó la atención además sobre
"la alarmante proliferación del trabajo infantil,
especialmente en las comunidades rurales e indígenas"
y sugirió la toma de "medidas urgentes para erradicarlo
y asegurar la escolarización de todos los niños
en edad escolar".
La presencia de un "elevado número de muertes violentas
de mujeres y de malos tratos como práctica recurrente",
le condujo, por otra parte, a recomendar que se juzgue y sancione
a los responsables y eduque a la población "sobre
la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres".
Los expertos de la ONU no escondieron su preocupación "por
la legislación indebidamente restrictiva del aborto",
especialmente cuando la vida de la madre está en peligro,
y recomendaron una modificación de la misma para que las
mujeres no tengan que recurrir
a métodos clandestinos.
Con respecto al "uso excesivo de la fuerza y de armas de
fuego por parte de agentes de seguridad y del personal penitenciario",
el Comité invitó a Honduras a controlar el armamento
perteneciente a esos funcionarios, investigar las alegaciones
sobre su utilización indebida y educar a ese personal en
materia de derechos humanos.
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El
Comité recomendó además al país
centroamericano que mejore sus
condiciones carcelarias y actuar ante "el hacinamiento,
la falta de separación entre acusados y condenados
y la práctica del aislamiento prolongado de reclusos". |
Las conclusiones presentadas hoy puntualizaron que el Estado debe
hacer lo necesario para reducir el número de personas en
prisión preventiva y asegurar la independencia del poder
judicial y del nombramiento y promoción de los profesionales
de ese ámbito.
Asimismo, instaron a "prevenir todos los casos de hostigamiento
de los periodistas y defensores de derechos humanos" y a
eliminar la "aparente impunidad de la que gozan sus perpetradores".
Otras de sus recomendaciones fueron dirigidas a garantizar a los
miembros de las comunidades indígenas hondureñas
"el pleno goce del derecho a tener su propia vida cultural"
y a resolver el problema
relativo a sus tierras ancestrales.
En cambio, el Comité mostró su satisfacción
por reformas legislativas como la abolición de la pena
de muerte, la adopción en 1999 del nuevo Código
de Procedimiento Penal, del Código de la Niñez y
Adolescencia en 1996 y la reducción de los casos pendientes
"como
resultado de la adopción del sistema penal acusatorio".
EFE