Tegucigalpa
- Las sospechas y temores por la falta de transparencia en la
adjudicación de la compra internacional de combustibles
a una de las trece empresas que participan en el proceso de licitación
pública que impulsa el gobierno de Manuel Zelaya Rosales,
comenzaron a surgir y cobrar fuerza en sectores económicos
del país.
Directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
(Cohep) expresaron hoy su incertidumbre y serias dudas sobre la
claridad con que el gobierno manejó en los últimos
días le etapa final del proceso, debido al hermetismo con
que la Comisión oficial dirigió la evaluación
de las ofertas y la escogencia de la empresa ganadora.
Asimismo, el empresariado nacional volvió a expresar su
preocupación por la amenaza latente de que las transnacionales
estadounidenses del petróleo entablen demandas en contra
del Estado de Honduras por presuntas violaciones a convenios comerciales
y de inversiones suscritos con Estados Unidos.
Fuentes extraoficiales confiaron que las empresas transnacionales
Esso y Texaco preparan sendas demandas judiciales en contra de
Honduras en los tribunales de Estados Unidos, una vez que el gobierno
oficialice la adjudicación de la compra de derivados del
petróleo a la compañía ganadora de la licitación.
Proceso Digital intentó confirmar
esta información con los representantes de las citadas
sociedades en Honduras, pero no fue posible obtener una reacción.
Según se anunció, la comisión especial nombrada
por el Poder Ejecutivo dará a conocer el miércoles
30 de noviembre el nombre de la compañía ganadora
de la licitación de combustibles, luego de analizar todas
las ofertas que las trece empresas precalificadas presentaron
en los últimos días.
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El presidente Manuel Zelaya y el
consultor internacional Roberth Meyeringh durante la presentación
de las bases de la licitación, en Casa Presidencial. |
Las
compañías participantes son: BP Products North America,
Carib LPG Trading LTD, Clark Oil Trading Company, Conoco Philips
Company, Gas del Caribe, Geogas Trading, Louis Dreyfus Energy,
Lukoil Pan Americas, Petrobras, Petróleos del Perú,
PDVSA, Westport Petroleum y Trafigura Beher BV.
Cabe resaltar, que esta última sociedad ha recibido fuertes
cuestionamientos por supuestos pagos de sobornos en otros países
en donde ha operado, y principalmente porque dentro del conglomerado
de empresas que la integran se encuentra la Puma , de la cual
es socio minoritario el consultor Robert Meyering.
Falta de información
En declaraciones brindadas a Proceso Digital,
el presidente del Cohep, Mario Canahuati, expresó su preocupación
por el hecho de que en los últimos días el gobierno
no ofreció ninguna información sobre la evaluación
de las ofertas y la forma de la adjudicación, contradiciendo
la amplia apertura que tuvo el proceso en sus inicios.
“No deja de preocuparnos de que en la última semana,
que era la principal después de que hubo una amplia apertura
y la transparencia que el Presidente dio a conocer y que debió
existir, pues no sucedió en la última semana, así
que estamos sin conocer cuales son las ofertas”, aseveró.
El
presidente de los empresarios se quejó de la falta absoluta
de información por parte de los responsables del proceso.
“No conocemos ninguna información con respecto a
lo que ha sucedido después de la apertura de los sobres
la semana pasada y el procedimiento para escoger a la empresa
ganadora”, se quejó.
Demandas competen a empresas
En torno a las demandas que las transnacionales petroleras
estarían preparando en contra del Estado hondureño,
Canahuati dijo desconocer esa versión noticiosa,
no obstante, aseveró que éstas compañías
están en su derecho de hacerlo si consideran que
sus inversiones son afectadas. |
Mario Canahuati |
“Pero
lo que nos preocupa a nosotros, o sea, lo que a nosotros nos concierne
es el hecho que no conocemos la información y al final
no podemos opinar cual fue el proceso que se utilizó para
poder asignarle a la empresa ganadora la compra de los combustibles
de Honduras”, criticó.
El dirigente empresarial reconoció que el gobierno fue
receptivo al inicio del proceso e incluso incorporó algunas
recomendaciones que el Cohep hizo en su momento a las bases de
licitación, sin embargo, cuestionó que en la etapa
final hubo un marcado hermetismo y una falta de participación.
En relación a las denuncias de los posibles vínculos
que la empresa Trafigura tendría con el consultor Robert
Meyering, Canahuati indicó que ahí estriba la importancia
de que se dé a conocer en detalle el procedimiento que
se utilizó para escoger a la compañía ganadora
a efecto de evitar cualquier tipo de dudas y suspicacias.
“Por eso nos interesa saber a quien se le va adjudicar y
de que manera se llevó a cabo el proceso porque para poder
dar una opinión hay que ver si al final esos elementos
no fueron tomados en consideración y si la adjudicación
no fue dada a dicha empresa (Trafigura)”, manifestó.
Distribución no clara
Sobre el mismo tema, Fernando García Merino, director general
de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dijo que
la preocupación de los industriales hondureños estriba
en el hecho que el gobierno no ha dado a conocer a la forma en
que se hará la distribución de los combustibles.
“Queremos ver nada mas como se va a llevar a cabo la distribución.
El tema es como vamos a distribuir el petróleo. El gobierno
compra todos los días a través de licitación
de compra directa o abierta, el tema es ver como se va distribuir
equitativamente el combustible”, apuntó.
El dirigente empresarial agregó que la ANDI espera saber
si las empresas industriales tendrán la posibilidad de
importar por su propia cuenta o no. “Eso es lo que estamos
esperando que el gobierno defina porque no puede impedir que las
transnacionales puedan importar”.
“Nosotros tenemos esta pregunta: como se va hacer el proceso
de distribución y si se va hacer por la actual red distribuidora
o si se va hacer por otro mecanismo, esta es la duda que tenemos”.
García Merino opinó que las transnacionales están
en su derecho de hacer sus reclamos o ir a las instancias judiciales
competentes para reclamar sus derechos, en el caso que estos sean
afectados.
“Bueno si uno tiene un negocio y se lo cierran tienen el
derecho de reclamar. Eso es lo que habría que analizar,
por eso nosotros estamos viendo como se va hacer el proceso de
distribución de combustibles y tratar de que no tengamos
problema de ninguna índole”, indicó.