Tutela
Legal del Arzobispado informó hoy, en un comunicado, de
que el enterramiento de las 41 víctimas se llevará
a cabo en el lugar conocido como la Loma del Pájaro, en
el cantón La Quesera, jurisdicción del municipio
de San Agustín, en el departamento de Usulután.
Según
el informe de la institución humanitaria de la Iglesia
Católica, unas 500 personas fueron asesinadas en la zona
entre el 21 y 30 de octubre de 1981 durante una operación
realizada por unidades combinadas de la Fuerza Armada de El Salvador
(FAES).
Entre
las últimas menciona efectivos de los batallones contra
insurgentes Atlacatl y Atonal, y de la Guardia Nacional, que fueron
disueltos en 1992 en virtud de los Acuerdos de Paz firmados entre
el Gobierno y la entonces guerrilla, así como miembros
de la quinta y sexta brigadas de Infantería.
Tutela
Legal informa de que los cuerpos de las 41 víctimas que
serán sepultadas mañana fueron exhumados en noviembre
de 2004, pero no fueron entregados hasta hace unos días
a la institución por los juzgados de Paz de Jiquilisco
y San Agustín, en Usulután, en cuyas jurisdicciones
se llevaron a cabo.
Los
restos fueron entregados por Tutela Legal a los familiares de
las víctimas, quienes con el apoyo de párrocos y
religiosas que trabajan en la zona han organizado hoy una vigilia
para darles mañana "cristiana sepultura".
Tutela
Legal informa de que hasta la fecha ha logrado "individualizar
un número mínimo de 375 víctimas de la masacre",
de un total de más de 500, que fueron "objeto de ataques
a su vida e integridad, perpetrando los agresores numerosos actos
de tortura, violaciones sexuales contra mujeres y ejecución
arbitraria masiva".
Explica
que los cantones afectados por la operación militar fueron
los de Las Piletas y Las Delicias, en el municipio de Berlín;
Linares Caulotal, Valle Nuevo, San José Montañita
y La Quesera, en San Agustín, y San Juan Letrán,
San Marcos Lempa y Bolívar, en el municipio de Jiquilisco.
Agrega
que el caso ha sido llamado "Masacre de la Quesera"
y "se trata de un crimen de lesa humanidad y un crimen de
guerra mediante el cual la Fuerza Armada de El Salvador atacó
indiscriminadamente a cientos de pobladores civiles, sin distingo
de edad o sexo, provocando el exterminio de aproximadamente 500
personas".
Tutela
Legal afirma que las exhumaciones confirman la masacre y que el
fiscal general, Félix Safie, está obligado a "iniciar
una investigación criminal en contra de los miembros del
alto mando de la Fuerza Armada".
Remarca
que deben ser investigados jefes, oficiales, clases y soldados
de las unidades que participaron en la operación militar
"a efecto de ordenar las correspondientes órdenes
de detención y facilitar a las víctimas el acceso
a la justicia".
Afirma
que "tratándose de un crimen de guerra y un crimen
de lesa humanidad, las figuras de la amnistía y la prescripción
a favor de los responsables no son aplicables en el caso de la
Masacre de la Quesera y otros lugares".
Insiste
en que debe iniciar las pesquisas "en el breve plazo, a fin
de que haga cesar el incumplimiento estatal a sus obligaciones
de investigación y aplicación de la justicia que
ha imperado durante más de 25 años en el presente
caso". EFE