La
CNDH agregó que la desatención o indiferencia oficial
de ambos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, ante este
tipo de fenómenos "puede propiciar la impunidad de
particulares, de organizaciones antiinmigrantes y de agentes de
autoridad que agreden con actos de violencia criminal contra personas
que sólo buscan un empleo y mejorar sus condiciones de
vida".
El
organismo defensor de los derechos humanos recordó que
los inmigrantes indocumentados que se aventuran a cruzar la frontera
se enfrentan a condiciones adversas, como el clima extremo y los
riesgos de cruzar el desierto.
Añadió
que además de soportar estos riesgos los inmigrantes se
enfrentan a las agresiones de grupos de personas "deliberadamente
letales" en contra de los inmigrantes.
"El
caso de Francisco Javier Domínguez Rivera, herido por un
agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 12 de enero, y las
agresiones con arma de fuego en perjuicio de Marcos Saúl
Torres y Jaime Quintanilla, heridos el 10 de enero por rancheros
del estado de Texas, son un indicador del problema", señaló
la CNDH.
Asimismo,
recordó que en diciembre de 2005 agentes migratorios estadounidenses
asesinaron con balas expansivas al inmigrante mexicano Guillermo
Martínez.
La
CNDH afirmó que este caso permanece "sin esclarecer",
por lo que ha solicitado al Gobierno mexicano que continúe
con las gestiones para que se conozcan las investigaciones efectuadas
por las autoridades estadounidenses.
También
expresó la necesidad de que el proceso de selección
de los miembros de la Patrulla Fronteriza incluya sólo
a personas con la capacitación adecuada, que debe incluir
el conocimiento del perfil de los inmigrantes, así como
el uso de las armas.
La
CNDH admite que aunque cada gobierno es soberano para definir
su política migratoria, "ese derecho tiene límites
en lo establecido por el derecho internacional en la materia en
cuanto al respeto a los derechos humanos de los inmigrantes irregulares,
especialmente su derecho a la vida". EFE