26 de enero de 2007 
Redacción Proceso Digital
 
  • Esta en contra que el gobierno utilice las terminales de Dippsa sin el consentimiento de sus propietarios.

Tegucigalpa - La licitación internacional de combustibles sufrió hoy un duro revés y todo apunta a su inminente fracaso, luego que la empresa Conoco Phillips, comunicó al gobierno su decisión de no firmar el contrato si no se cuenta con la venia de la empresa Dippsa para utilizar sus terminales de almacenamiento.

La información fue confirmada esta tarde por el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, quien indicó que a raíz de eso la Presidencia de la República ha replanteado su estrategia y ha convocado, el lunes próximo, al empresario Henry Arévalo, propietario de Dippsa, con el fin de buscar un acuerdo en torno el alquiler de los tanques de depósito.

“En este momento la empresa Conoco exige como condición para firmar el contrato, que la empresa DIPSSA autorice el uso de sus terminales; no acepta que el Gobierno haga uso de su derecho contractual y soberano de hacer uso de las mismas sin el consentimiento de DIPSSA”, informó a los periodistas el ministro asesor presidencial, Enrique Flores.

Flores declaró que los ejecutivos de la transnacional ganadora de la licitación internacional para la adquisición de combustible “nos están exigiendo que para que ellos puedan traer los combustibles debemos de tener una autorización de la empresa, que la empresa DIPSSA tiene que estar de acuerdo”.

El funcionario recordó que el pasado 13 de enero “el Gobierno tomó la decisión de hacer uso de las terminales de la empresa DIPSSA, aun sin el consentimiento de DIPPSA aplicando una cláusula que está en el contrato de concesión” para la utilización de sus terminales de almacenamiento.

“En estos días hemos estado esperando que ellos nos contesten, diciéndole que ya hemos cumplido nuestra parte en el sentido de poner las terminales a la orden de Conoco mediante esta modalidad para poder almacenar los combustibles que van a ser proporcionados por esta empresa”, añadió.

Pero los ejecutivos de Conoco han informado que no firmarán el contrato de importación de combustibles, en tanto la empresa DIPPSA no autorice la utilización de sus terminales.

“En ese sentido el presidente de la República , Manuel Zelaya, nos ha dado instrucciones concretas para que el día lunes volvamos a sentar al señor Henry Arévalo (dueño y ejecutivo de DIPPSA), para hacer un último esfuerzo en el sentido de poder llegar a un arreglo”, declaró Flores.

Si el Gobierno hace uso de las terminales sin la aprobación expresa, por escrito de DIPSSA Conoco Phillips no estará dispuesta a utilizar esas terminales”, apuntó.

Flores dijo que el Gobierno está tomando todas las medidas “para que las compañías que actualmente distribuyen los combustibles en el país acaten la nueva estructura de precios y permitan que entre tanto superamos este impase el pueblo hondureño siga gozando de la rebaja que el presidente estableció el 13 de enero anterior”, de al menos ocho lempiras al galón de combustibles.

Condición
La disponibilidad de las terminales de almacenamiento es una condición de la compañía estadounidense para firmar el contrato de aprovisionamiento de carburantes al país.

El pasado 13 de enero el presidente Manuel Zelaya en reunión de Consejo de Ministros anunció su decisón de intervenir los depositos de las importadoras de derivados del petróleo y pagar un "justiprecio" por su uso, invocando una clausula del contrato de concesión suscrito por el Estado con la referida empresa.

Días después y tras un reunión con el embajador de Estados Unidos, Charles Ford, el presidente Zelaya aclaró que la intervención de las terminales solo sería efectiva a Dippsa y no a las instalaciones de las transnacionales Esso, Texaco y Shell que operan en el país desde hace más de medio siglo.

La semana anterior la coordinadora de la Coalición Patriótica, Juliette Handal denunció que la empresa Conoco estaba siendo presionada por las autoridades estadounidenses para que desisitiera de firmar con el Estado hondureño para no afectar los intereses de las demás transnacionales que operan en el país.