Las
partes no lograron el acuerdo con respecto al precio de alquiler
de las terminales de almacenamiento de combustibles, por lo tanto
la situación tendrá que ser resuelta en los tribunales.
El
estancamiento se dio, nuevamente, porque ni el Estado ni Dippsa
retroceden en su oferta. El primero ofrece tres centavos de dólar
por cada galón almacenado, mientras que la segunda mantiene
su posición de alquilar las terminales a seis centavos de
dólar.
Otro
estancamiento
A este nudo se suma un inconveniente más y es el hecho de
que ahora Dippsa se rehúsa, según la contraparte,
a alquilar el 100 por ciento de las terminales.
“Venimos
con la mejor voluntad de solucionar las cosas pero ni ellos ni nosotros
hemos cedido en nuestras pretensiones.
Propusimos
que se nombrara a tres peritos, uno por parte de Dippsa, otro por
parte de ellos (el Estado) y otro independiente, para que se encarguen
de valorar los costos a los que se somete la compañía;
sin embargo, esto no fue aceptado”, indicó Henry Arévalo,
presidente de Dippsa.
La
titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, Mayra
Mejía, dijo que “lamentablemente no hemos tenido un
acuerdo y ante eso lo que nos queda es que la Procuraduría
General dirija las acciones a los tribunales”.
Aún
se desconoce la fecha en la que se presentará la demanda
ante los tribunales.
Mejía
negó las declaraciones de Arévalo en el sentido de
que éste habría propuesto la participación
de los peritos.
“No
es cierto que se haya tocado este punto, ahí están
las actas, ahí están las grabaciones y en ningún
momento se tocó el punto de traer a peritos, pero la determinación
ya está tomada, ahora es al equipo de la Procuraduría
al que le tocará trabajar en esto”.
Abastecimiento
En la reunión estuvo presente el consultor internacional
Robert Meyering para aclarar algunos aspectos técnicos y
sostuvo que aún hay tiempo para presentar la acción
judicial.
También
dijo que no hay razón para que exista un desabastecimiento
por parte de las transnacionales.
Meyering
justificó la necesidad de otorgar el contrato a Conoco y
entrar a líos judiciales, pese a que el presidente Manuel
Zelaya ya dijo que no habrá más rebajas derivadas
del proceso.
La
ministra aseveró que no se pone en riesgo el abastecimiento,
“más bien lo que está en juego es la firma con
Conoco Phillips. Este proceso ha costado muchísimo para todos,
modificar una fórmula que nos dijeron que no se podía
y se hizo, eso es un logro”, agregó Mejía.
La
decisión de acudir a los tribunales tomó fuerza luego
que Conoco comunicara al Estado que acepta que sea mediante la vía
judicial que se le autorice al Ejecutivo hacer uso de las terminales
de Dippsa.
Tomado de La Prensa
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