03 de marzo de 2007

Tegucigalpa - Organismos de derechos humanos en Honduras responsabilizaron hoy al Estado por el asesinato de reos en la principal cárcel del país, que ya registra diez en lo que va de año.

El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo a Acan-Efe que en el país "hay una tendencia a una violencia homicida que ya excede en mucho la tasa mundial de homicidios, calculada hace unos pocos años en 8,8 por cada 100.000 habitantes".

En Honduras, en el primer semestre de 2006 esa violencia homicida, que se ha extendido a las cárceles del país, llegó al 23,1 por ciento, "algo que es preocupante", subrayó Custodio.

Agregó que "cuando el Estado es incapaz de proteger la vida del privado de libertad, es un Estado muy culpable".

La situación en las cárceles "se repite en cada gobierno que sucede al anterior, hay una especie de responsabilidad continuada de algo que puede corregirse y no se corrige", expresó el Comisionado.

En los últimos 10 años centenares de reos han muerto en las cárceles de Honduras, algunos asesinados a tiros, con armas blancas, quemados en incendios y ahorcados, entre otros hechos violentos.

En 2006 fueron asesinados una treintena de presos en la Penitenciaría Nacional, que se supone es la cárcel más segura del país.

El Gobierno que preside Manuel Zelaya reconoce que el sistema penitenciario está en crisis, pero las iniciativas propuestas en los últimos dos años para superar el problema no avanzan con la celeridad que el caso demanda.

Un proyecto de ley penitenciaria aún no ha sido aprobado por el Parlamento.

Además del hacinamiento y la inseguridad en las 24 prisiones que conforman el sistema penitenciario, el presupuesto para la alimentación de los presos es de nueve lempiras diarios (unos 47 centavos de dólar), informó a Acan-Efe una fuente de la Penitenciaría.

"La alimentación diaria de los reos es arroz, fríjoles y tortilla de maíz, no podemos ofrecerles otra cosa, aunque estamos esperando que el presupuesto lo aumenten a 11 lempiras diarios" (unos 57 centavos de dólar), agregó.

El obispo de San Pedro Sula (norte), Angel Garachana, dijo hoy a periodistas que lo que ocurre en la Penitenciaría "es grave" y que la situación "se la ha ido de las manos al Estado, que es el garante de la seguridad de los presos".

Añadió que cuando alguien es detenido, condenado y llevado a la cárcel, el garante de que esa persona estará protegida y que no van a atentar contra su vida, es el Estado.

La socióloga y coordinadora del programa de Armas Pequeñas, Seguridad y Justicia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Julieta Castellanos, dijo a Acan-Efe que lo que ocurre en la Penitenciaría Nacional es un conflicto que vas más allá de problemas entre "maras" (pandillas) como algunos creen.

Agregó que la matanza de reos podría estar ligada a negocios ilícitos dentro y fuera de la prisión, y que el responsable de la vida de los reos es el Estado.

Castellanos recalcó que "el desbordamiento de la inseguridad, aún en las instituciones que están bajo custodia del Estado, implica que no hay control y que el Estado no ejerce soberanía sobre estos territorios, incluyendo los centros penales".

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) también expresó hoy su preocupación por la matanza de reos en la principal cárcel del país y exigió al Gobierno una pronta respuesta.

En abril de 2003 unos 68 reos fueron asesinados en la Granja Penal de El Porvenir, Caribe, mientras que en mayo de 2004 murieron quemados unos 107 en el presidio de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante.

Las muertes en San Pedro Sula fueron atribuidas a un recalentamiento del sistema eléctrico, lo que no ignoraban las autoridades del penal, según diversas denuncias. EFE

 
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