Tegucigalpa
- Organismos de derechos humanos en Honduras responsabilizaron
hoy al Estado por el asesinato de reos en la principal cárcel
del país, que ya registra diez en lo que va de año.
El
Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo
a Acan-Efe que en el país "hay una tendencia a una
violencia homicida que ya excede en mucho la tasa mundial de homicidios,
calculada hace unos pocos años en 8,8 por cada 100.000
habitantes".
En
Honduras, en el primer semestre de 2006 esa violencia homicida,
que se ha extendido a las cárceles del país, llegó
al 23,1 por ciento, "algo que es preocupante", subrayó
Custodio.
Agregó
que "cuando el Estado es incapaz de proteger la vida del
privado de libertad, es un Estado muy culpable".
La
situación en las cárceles "se repite en cada
gobierno que sucede al anterior, hay una especie de responsabilidad
continuada de algo que puede corregirse y no se corrige",
expresó el Comisionado.
En
los últimos 10 años centenares de reos han muerto
en las cárceles de Honduras, algunos asesinados a tiros,
con armas blancas, quemados en incendios y ahorcados, entre otros
hechos violentos.
En
2006 fueron asesinados una treintena de presos en la Penitenciaría
Nacional, que se supone es la cárcel más segura
del país.
El
Gobierno que preside Manuel Zelaya reconoce que el sistema penitenciario
está en crisis, pero las iniciativas propuestas en los
últimos dos años para superar el problema no avanzan
con la celeridad que el caso demanda.
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Un
proyecto de ley penitenciaria aún no ha sido aprobado
por el Parlamento.
Además
del hacinamiento y la inseguridad en las 24 prisiones que
conforman el sistema penitenciario, el presupuesto para
la alimentación de los presos es de nueve lempiras
diarios (unos 47 centavos de dólar), informó
a Acan-Efe una fuente de la Penitenciaría.
"La
alimentación diaria de los reos es arroz, fríjoles
y tortilla de maíz, no podemos ofrecerles otra cosa,
aunque estamos esperando que el presupuesto lo aumenten
a 11 lempiras diarios" (unos 57 centavos de dólar),
agregó.
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El
obispo de San Pedro Sula (norte), Angel Garachana, dijo hoy a
periodistas que lo que ocurre en la Penitenciaría "es
grave" y que la situación "se la ha ido de las
manos al Estado, que es el garante de la seguridad de los presos".
Añadió
que cuando alguien es detenido, condenado y llevado a la cárcel,
el garante de que esa persona estará protegida y que no
van a atentar contra su vida, es el Estado.
La
socióloga y coordinadora del programa de Armas Pequeñas,
Seguridad y Justicia del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Julieta Castellanos, dijo a Acan-Efe que
lo que ocurre en la Penitenciaría Nacional es un conflicto
que vas más allá de problemas entre "maras"
(pandillas) como algunos creen.
Agregó
que la matanza de reos podría estar ligada a negocios ilícitos
dentro y fuera de la prisión, y que el responsable de la
vida de los reos es el Estado.
Castellanos
recalcó que "el desbordamiento de la inseguridad,
aún en las instituciones que están bajo custodia
del Estado, implica que no hay control y que el Estado no ejerce
soberanía sobre estos territorios, incluyendo los centros
penales".
El
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH) también expresó hoy su preocupación
por la matanza de reos en la principal cárcel del país
y exigió al Gobierno una pronta respuesta.
En
abril de 2003 unos 68 reos fueron asesinados en la Granja Penal
de El Porvenir, Caribe, mientras que en mayo de 2004 murieron
quemados unos 107 en el presidio de San Pedro Sula, la segunda
ciudad más importante.
Las
muertes en San Pedro Sula fueron atribuidas a un recalentamiento
del sistema eléctrico, lo que no ignoraban las autoridades
del penal, según diversas denuncias. EFE