14
de marzo de 2007 Redacción Proceso Digital |
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Tegucigalpa. El informe del Fondo Monetario Internacional en torno a la Consulta del Artículo IV, que revisa el comportamiento económico del 2006, desnudó claramente la situación del país y la forma como ha sido manejada la administración pública, siendo una especie de aviso de alarma o tormenta para el presente año y los venideros.
El "entorno externo favorable" se tradujo en un aumento del consumo privado a causa de las remesas familiares, que se han transformado en la columna vertebral de la economía hondureña, la actividad agropecuaria (especialmente la producción de café) tuvo un incremento notable, igualmente la construcción y el sector financiero. Otro "éxito" adjudicado al gobierno se refiere al control de la inflación. El documento habla que los "directores (del FMI) se mostraron complacidos ante la reducción" a niveles históricos, pero aclararon que la misma fue resultado del "uso de medidas administrativas" para reducirla como la regulación de precios en ciertas industrias y los acuerdos informales de precios, por lo que urgieron desmantelar dichas acciones para evitar las "distorsiones económicas".
Por
ello el Fondo estima que las perspectivas de la inflación para
el presente año están debilitadas, a lo que se suma "el
debilitamiento de una política fiscal", aunado a una política
monetaria expansiva. "Mel" Zelaya y sus funcionarios han proclamado que han destinado fondos e incluso el ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, afirmó que la pobreza se había reducido en tres puntos porcentuales el 2006, pero el FMI virtualmente desmiente dicha afirmación. Ajustes
tarifas de servicios
Asimismo, piden que se controle la concesión de créditos de parte de los fondos de pensiones (Injupemp, INPREMA y otros) y le pidieron al Banco Central que suba las tasas de interés "con títulos negociables a tasas de interés de mercado" con lo cual recapitalizan la institución y con ello garantizan su "integridad financiera". También se le pide a la Presidencia de la República un fuerte control del gasto público y con ello mantener una prudente política fiscal, especialmente tras los acuerdos gestados el año pasado con el magisterio que implicarán grandes erogaciones del presente año. Ya los colegios magisteriales están solicitando más de 500 millones de lempiras sólo para cumplir con el bono por calidad educativa. Una
política fiscal no controlada puede provocar la pérdida
de la base económica que forjó la administración
de Ricardo Maduro, a grandes sacrificios de la población, desatar
la inflación, incrementar las tasas de interés y hacer que
el crecimiento económica se descarrille perdiendo miles de empleos
existentes o impidiendo la generación de nuevas inversiones productivas.
También es importante que inicie la coordinación de su Gabinete Económico (preocupación aparte fue la reacción al informe de parte de sus miembros Gabriela Núñez del Banco Central, Rebeca Santos de la Secretaría de Finanzas y Yani Rosenthal de la Secretaría de la Presidencia) que piensan y operan separadamente, sin coordinar sus políticas y acciones para enderezar el rumbo actual que es el despeñadero.
Para
que observen que las cosas andan mal, sólo deben tener en cuenta
que el 2006 las inversión extranjera cayó en relación
al año pasado, tal como revelan las propias cifras del Banco Central,
y hasta el momento no existe un ministro Asesor de Inversiones.
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